Minería

La motivación de cualquier proyecto es el desarrollo integral, pero, ¿quién tiene el derecho de determinar los límites? El asunto se complica cuando las ambiciones, los oportunismos, la arrogancia y la ignorancia se manifiestan por medio de los que apoyan o no, respectivamente, a los proyectos que implicarían graves afectaciones ambientales.

Las diferencias por las reformas del código minero panameño, no pueden ser tratadas bajo el argumento de que están auspiciadas por grupos opositores, ya que una pléyade de científicos y ambientalistas han expuesto sus consideraciones.

En caso de que existan grupos políticos opositores infiltrados, que se estén aprovechando de la coyuntura con miras a los torneos electorales, es digno de censurarse, porque se trata de un movimiento que solo tiene como bandera los intereses de la patria.

En todo tiempo tenemos que tener claro que la vida terrenal es frágil y temporal, por lo que debe quedar sentado que el dinero no es lo más importante, porque ¿de qué servirá este si no hay alimentos que comer ni ambiente que cuidar? Las regalías jamás mitigarán los daños ecosistémicos porque en el ambiente nada sobra.

Se han esbozado una serie de comentarios, algunos sustentados otros especulativos, sobre qué o quién está detrás de las precitadas reformas. Pero, al margen de que el debate pareciera que se enfoque más en lo sociológico, económico y político que en lo jurídico, se tiene que tener en cuenta que ningún proyecto puede ser aprobado en detrimento del ambiente, lo que permite a la población en general hacer las observaciones correspondientes mediante la consulta pública en el proceso de estudio de impacto ambiental.

Esto es así, sin menoscabo de que existen una serie de acciones, recursos y garantías, constitucionales, convencionales y legales, que permiten recurrir ante el Órgano Judicial, las instituciones competentes y los organismos internacionales correspondientes, para denunciar y demandar las infracciones de los derechos elementales, especialmente en lo que atañe al ambiente. A manera de antecedente, es importante destacar que la Corte Suprema de Justicia ha emitido fallos en los que ha revocado estudios de impacto ambiental por atentar estos contra los principios ambientales.

Protestar es un derecho, pero es desgastante si se hace al margen de la justicia y la ley. El país no debe estar en vilo innecesariamente, porque debe prevalecer el respeto, la fraternidad y la paz.

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