Modelo extractivista urbano y los sectores medios
Entre lo que podemos calificar como hechos estilizados de la economía panameña está la creciente importancia que la llamada acumulación por desposesión ha venido adquiriendo. Se trata de un modelo económico en que las palancas del Estado son accionadas para generar diversas formas de despojo de la población, con el fin de modificar, entre otras cosas, la matriz de derechos vinculados con el uso de los recursos naturales y lograr, por esta vía, que los mismos queden al servicio de la acumulación de los capitales hegemónicos. Este es un modo de funcionamiento de la economía que genera elevados costos económicos, sociales y ambientales a la población.
SE DEFINE POR LA APROPIACIÓN PRIVADA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, LA EXPULSIÓN DE POBLADORES PRECARIOS Y EL ATAQUE, CON FINES DE DESALOJO, A LAS BARRIADAS DE LOS SECTORES MEDIOS DE LA POBLACIÓN.
Una de las formas más abiertas de la acumulación por desposesión es el llamado extractivismo económico, el cual se refiere, en primer lugar, a la mercantilización y apropiación por parte de los grandes capitales de los bienes naturales comunes y de la población, con el fin de realizar una explotación no sostenible de los mismos guiada a la exportación de bienes primarios, la generación de energía necesaria para este fin, así como a la prestación de servicios tales como el turismo de lujo. El método básico para su instalación es la apropiación privada de espacios públicos, como la expropiación de las comunidades originarias y de la población campesina.
La importancia que la visión oficial le otorga al extractivismo, la que es compartida por el Gobierno y los mal llamados partidos de oposición, queda claramente establecida en un informe del Fondo Monetario Internacional, en el que se argumenta que “las perspectivas futuras de crecimiento de Panamá son promisorias. Las nuevas oportunidades de inversión relacionadas con el desarrollo de la infraestructura y la expansión del Canal de Panamá, la reciente aprobación de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, así como un gran proyecto privado de explotación minera, sin duda contribuirán a respaldar el crecimiento a mediano plazo”.
La práctica del modelo de acumulación por desposesión, también se extiende sobre las ciudades, lo que ha dado lugar a lo que algunos llaman el extractivismo urbano, el cual se define por la apropiación privada de los espacios públicos, la expulsión de pobladores precarios y el ataque, con fines de desalojo, a las barriadas de los sectores medios de la población. Su objetivo es la mercantilización de todo el espacio urbano, la usura con tierras y la apropiación de la renta por los especuladores, los grandes constructores y el capital financiero. Su resultado es una ciudad excluyente, expulsiva, mercantilizada y privatizada, carente de verdaderas particularidades culturales propias.
En Panamá, el extractivismo urbano adquiere diversas formas. En primer lugar, la construcción de una nueva infraestructura cuyo fin es facilitar las transacciones mercantiles y financieras, a la vez que da lugar a nuevas y vastas áreas de especulación con tierras. También se trata de una esfera que conecta el extractivismo con otras formas de acumulación por desposesión: deuda pública y corrupción.
En segundo lugar, se encuentra el fenómeno de la privatización de los lugares públicos. Dos ejemplos claros de esto son el intento de clausurar y demoler el Instituto de Salud Mental, así como la propuesta de eliminar los colegios del área de Paitilla y vender sus actuales terrenos para dedicarlos a fines comerciales.
Las barriadas en las que se concentran los sectores medios de la población no están exentas de la rapiña que origina el extractivismo urbano. En este caso, la primera manifestación del mismo se expresa en los cambios de zonificación, cuya finalidad es el desalojo de sus actuales habitantes para facilitar la construcción de viviendas de lujo y espacios dedicados al lucro comercial. Más allá de esto, el Gobierno amenaza ahora con un instrumento de desposesión todavía más potente. El mismo opera por la vía de una elevación del valor fiscal de las viviendas, lo cual significa que sus actuales ocupantes de los sectores medios, incapaces ahora de cumplir con el pago de impuestos más elevados, se ven obligados a venderlas a precios irrisorios, dada la elevada oferta que la misma medida genera.
Si los sectores medios han de defender sus viviendas tendrán que enfrentar a las fuerzas del despojo y la rapiña aliadas al Gobierno. Para tal fin, no solo necesitan organizarse y actuar con energía para defender sus derechos. Precisan, además, de tender puentes que les permitan coordinar la lucha con otros sectores de la población que también combaten contra el modelo de acumulación por desposesión. Solo de esta manera podrán salir victoriosos frente a los designios del neoliberalismo.
