Mursi y la ley
El presidente de la República de Egipto, Mohamed Mursi, rechazó el inicio de un proceso judicial ordenado por los golpistas militares que derrocaron su gobierno y persiguen a los militantes de los Hermanos Musulmanes. El presidente del Tribunal Penal de El Cairo decidió aplazar la vista hasta el 8 de enero de 2014, ante la enérgica reacción del primer mandatario elegido por el voto popular. A Mursi se le responsabiliza por supuestamente instigar las muertes de manifestantes contrarios al gobierno constitucional que se enfrentaban a la Policía con armas y bombas. El tribunal que juzga a Mursi no toma en cuenta los asesinatos, secuestros, encarcelamientos de seguidores del gobierno constitucional de Mursi, perpetrados por las fuerzas armadas, desde la destrucción del ordenamiento constitucional.
Después de haber resguardado por años la corrupta monarquía del rey Farouk, militares egipcios tomaron el control político de la nación egipcia, siempre subordinada a regímenes despóticos. El primer gobernante militar fue el coronel Naguib, al que pronto reemplazó el coronel Gamal Abdel Nasser. Bajo banderas tercermundistas, los militares egipcios se acercaron a la Unión Soviética y nacionalizaron el canal de Suez en 1956.
Compitiendo con líderes musulmanes como Bourguiba de Túnez, Mohamed V de Marruecos y Sukarno de Indonesia, Nasser se convirtió en el abanderado del nacionalismo islámico. Desde el principio, el “nasserismo” chocó con el principal partido político, los Hermanos Musulmanes, que mezclan islamismo y justicia social. Las diferencias de militares y Hermanos Musulmanes se ensancharon a medida que se marchitaba el nacionalismo “nasserista” y tomaban el poder militares moderados, como Anwar el Sadat, firmante del primer acuerdo bilateral con Rabin de Israel. Mursi y los dirigentes de los Hermanos Musulmanes fueron desterrados, hasta la caída de Mubarak. Pero no cejaron su propósito de propagar sus objetivos en el mundo islámico, formando misioneros musulmanes, capacitando jóvenes, editando publicaciones del pensamiento islámico.
Estos antecedentes causaron resquemores cuando Mursi ganó las primeras elecciones libres. Los militantes de la Hermandad organizaron manifestaciones de repudio contra Mubarak y exigieron que rindiera cuentas de los fondos fiscales. Estados Unidos y los países europeos Inglaterra, Francia, Italia, que durante el colonialismo controlaron el petróleo, marcaron distancia del gobierno de Mursi. Obama ordenó el congelamiento de la ayuda económica, hasta que se aclarara la situación. El secretario de Estado, John Kerry, viajó a El Cairo con resultados inciertos. Concentrada en la crisis siria, Naciones Unidas ha visto a la distancia el derrocamiento de Mursi y, peor aún, no ha salido en defensa de los derechos humanos de los Hermanos Musulmanes. Las masivas marchas en contra del enjuiciamiento de un presidente constitucional por los militares golpistas han sacado a relucir las violaciones contra el debido proceso que prescribe que se requiere una fiscalía y una corte especial, no un tribunal penal, para enjuiciar al jefe del Estado.
La crisis egipcia conlleva otro cuestionamiento a la política internacional de Estados Unidos porque lo enfrenta al dilema de recurrir a la real política y dar ayuda económica a los militares; o exigir el cese de la persecución judicial contra Mursi y su gente y la convocatoria de elecciones generales bajo supervisión internacional.
