Museos
El Instituto Nacional de Cultura (Inac) informa que el 70% de los sitios declarados patrimonio histórico de Panamá está en manos de particulares, pero no representa peligro la situación. El informe propiciaría un importante debate para establecer, primero, de qué sitios se trata y cuál es la situación, es decir, si es conveniente o no la participación de personas naturales y jurídicas en la conservación del patrimonio histórico. La pronta inauguración del Museo de la Biodiversidad, planificado y financiado por una fundación, es un ejemplo afortunado de colaboración privada. En la capital funcionan museos organizados por iniciativa privada, como el Ricardo J. Alfaro y el Carlos Endara, que conserva importante archivo fotográfico. Son muestras convincentes de la colaboración a la labor del Estado, carente de recursos económicos para trabajos de restauración.
Quedan sitios históricos que requieren urgente restauración. El fuerte de San Lorenzo de Chagres encabeza una lista de postergadas labores de restauración y mantenimiento, al igual que el Museo de la Aduana de Portobelo, apoyado por España, la iglesia de Natá de los Caballeros, fundada en la época de la conquista, la Catedral, y otros templos católicos del interior. Debiera incorporarse a la relación de sitios históricos que necesitan conservación el Camino Real, el Camino de Cruces, Nombre de Dios, Acla, Taboga, el Archipiélago de las Perlas, entre otros lugares. Santa María la Antigua pertenece actualmente a territorio colombiano, pero por tratarse de la primera ciudad construida por los españoles del siglo XVI, de donde partió la expedición de Balboa al Mar del Sur, sería motivo de entendimiento arqueológico con el vecino país.
Corresponde al Inac la supervisión de los sitios históricos en administración privada. Las normas legales reguladoras del patrimonio histórico deben estimular la colaboración del sector privado en el aporte de recursos, sin desmedro de la integridad y conservación de los monumentos. El Estado no dispone de medios económicos. En aras de la conservación de dicho patrimonio deben reforzarse incentivos privados y disipar hostilidades contra los contribuyentes en esa materia, bajo normas que garanticen una relación armónica.
La memoria histórica hay que conservarla de diferentes modos. Se puede organizar el archivo de los presidentes de la República, con metodología moderna que sistematice documentos públicos y privados de cada uno de ellos. Salvo el archivo de Belisario Porras de la Universidad de Panamá, el museo de Las Tablas, y el archivo de Ricardo J. Alfaro, no hay archivos presidenciales debidamente estructurados a los que tengan acceso investigadores, estudiantes, ciudadanos que deseen conocer las evoluciones del Estado, leyes, decretos, viajes, obras de cada jefe del Estado, a partir de la presidencia de Manuel Amador Guerrero.
Un sistema nacional de registro de bienes culturales resulta indispensable para actualizar el inventario oficial de los sitios históricos. Contando con el ordenamiento científico del patrimonio cultural de la nación, el Estado estará en disposición de calcular el monto de recursos económicos requeridos para restauración, mantenimiento y administración y fomentar la colaboración privada en un patrimonio que pertenece a todos los panameños.
