Nación panameña: Ética política para la comunidad gay
Por lo general, cuando se habla de ética política, uno tiende a imaginarse una serie de ideas dicotómicas que circundan lo público y lo privado respectivamente, como por ejemplo, la solidaridad frente al egoísmo, la disciplina frente a la arbitrariedad, la lealtad frente a la deslealtad, entre otros muchos ejemplos; sin embargo, muy pocas veces salimos de este nivel analítico básico y nos adentramos a reflexiones más complejas. De hacerlo, muy posiblemente, terminaríamos evaluando el manejo político que se le ha dado en Panamá a la comunidad gay y sus reivindicaciones sociales, el cual, dicho sea de paso, no solo ha sido casi nulo, sino que refleja un total desinterés público.
Ahora bien, y a pesar de la sordera institucional, la homosexualidad y el lesbianismo no son fenómenos de nuestros tiempos (siglo XXI), se pueden datar desde los mismos orígenes de la humanidad y en todas las culturales existentes. Ahora bien, por siglos, estos individuos han mantenido su orientación en la más imperiosa penumbra por miedo a la desaprobación colectiva, la cual, en el mejor de los casos, ha tenido nefastas consecuencias para estas personas, tanto en su vida cotidiana y privada, como en la pública y profesional (el trabajo y la academia respectivamente), arrastrándolos, muchas veces, a todo tipo de conflictos emocionales y existenciales. No obstante, en el peor de los casos, han sido perseguidos ferozmente por instituciones que, supuestamente, reflejan el sentir del espíritu de la sociedad (religión, el Estado, etc.).
Estas no solo han generado toda una tipología del odio, el estigma y la marginalidad para estos individuos, en tiempos inmemoriales se dedicaban a darles caza, no solo para humillarlos y señalarlos públicamente, sino incluso para realizarles vejaciones físicas que, en algunas ocasiones los llevaban hasta la muerte (la Inquisición española y la deportación a Siberia).
Debe quedar claro que su comportamiento, tanto social como sexual, lejos de ser atípico, anormal o patológico (como algunos creen y pretenden hacer creer), no revela más que su condición de personas con una orientación psicosexual diferente a la de la supuesta mayoría. Ellos solo pretenden alcanzar escaños existenciales en el de nuestra populosa sociedad panameña, sin el temor de antaño de ser señalados, discriminados o violentados.
Lo que sí es cierto es que solo a partir de la contemporaneidad actual se han organizado con miras a constituirse como ciudadanos, no de tercer orden (como algunos prejuiciosos creerían), sino como individuos dentro de un Estado de derecho que les debe garantizar derechos ciudadanos bajo un mínimo de respeto y justicia social. Así, la comunidad gay en Panamá (como grupo organizado) data de 1997, cuando se crea la organización Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá, la cual pretende, dentro de sus premisas principales, mejorar la calidad de vida de las personas homosexuales y lesbianas (entre otras variantes), por medio de la promoción y orientación de la salud, educación y tolerancia.
No obstante, todas las iniciativas públicas por edificar una plataforma institucional que salvaguarde los derechos de los no han trascendido al espíritu folclórico (capacidad para expresarse públicamente en eventos socioculturales como los Carnavales), lo cual no solo es una pena (como dirían algunos simpatizantes tímidos), sino una clara violación a sus derechos humanos, ya que hoy por hoy, en sociedades más visionarias y, sobre todo, más tolerantes (principalmente europeas y, en América Latina, los casos de Argentina y Uruguay) no solo tienen derechos sociales orientados a su causa, como el matrimonio gay y su capacidad para adoptar hijos, sino que además han podido escalar a la palestra pública como políticos, académicos y activistas sociales reconocidos y respetados.
Lamentablemente en Panamá, al igual que en otros muchos países de Latinoamérica, no se ha reflexionado, políticamente hablando, sobre la nefasta relación entre una moral sin política, la cual se basa en principios tradicionalistas y religiosos, en detrimento de las necesidades pragmáticas de los diferentes grupos y colectividades que conforman la sociedad. Por ende, y sin caer tampoco en una política sin moral, debe abogarse como sociedad por una ética política que contemple, ante todo, el bienestar de todos sus miembros, incluyendo obviamente a los , y que constituya la apertura necesaria para la inclusión social, tolerancia y reconocimiento de estas personas, y no bajo premisas anacrónicas e irracionales que evoquen sentimientos románticos y absurdos que, al tiempo que satanizan sus demandas sociales, también influyen en la inercia del Estado y en la poca simpatía y seriedad de la opinión pública sobre sus reivindicaciones.
