Nada funciona a la fuerza
En estos dos años de gestión, el Gobierno ha tenido que aprender que a la fuerza nada funciona. Sucedió con la Ley 30 -mejor conocida como “Ley Chorizo”- y con las reformas al Código de Recursos Minerales.
Ambas normas tuvieron que ser derogadas tras la presión de varios grupos que, hasta con su vida, defendieron su derecho a que se les tomara en cuenta.
Esta vez, los cuestionamientos surgen por el procedimiento que se utilizará para aprobar el tema de la segunda vuelta electoral, una propuesta que se lanzó desde el Palacio de las Garzas, pero que caló muy bien entre los diputados de Cambio Democrático, que ahora la impulsan.
Los expertos dicen que la iniciativa se debe discutir en la comisión que se instaló para estudiar el borrador de los cambios a la Constitución, pero un grupo de diputados insiste en que el tema se debe incluir en el proyecto que reforma el Código Electoral. Su mayor defensor es un diputado que se ausentó del pleno legislativo 58 veces en cuatro meses, escudado bajo la figura de la “licencia laboral”.
Lo más sorprendente es que el documento será presentado cuando la Comisión de Gobierno de la Asamblea devuelva al Pleno los cambios propuestos para las elecciones de 2014, coartando así el derecho que tienen los ciudadanos interesados de expresar sus puntos de vista sobre la propuesta.
No hay excusas para dejar de abrir un amplio debate y en las instancias correspondientes. Al final, las leyes se hacen para beneficio de las mayorías y es por eso por lo que se debe escuchar a todos los sectores involucrados con el tema.
Es cierto que el voto da legitimidad a un diputado para que represente a los ciudadanos ante ese órgano colegiado, pero esa legitimidad va condicionada a que se vele por los intereses de las masas.
Entonces, la pregunta obligada: ¿es necesario discutir un tema que reforma la Constitución y que define las reglas del juego para las próximas elecciones en sesiones extraordinarias? La repuesta la tienen los 54 diputados de la alianza oficialista.
