Narcopolítica
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, ha vuelto a llamar la atención sobre la penetración del narcotráfico en la política panameña. Mulino recomienda a partidos y candidatos que pongan énfasis sobre las personas que integran sus listas para que no haya rivalidad en el tema de las pandillas y activistas.
La procuradora general, Ana Belfon, hizo eco a las advertencias sobre la infiltración del narcotráfico en política, y manifestó que Mulino maneja informaciones de inteligencia acerca del tema que el Ministerio Público investigará oportunamente los preocupantes enlaces de los narcotraficantes con elementos políticos reactualizados por la campaña electoral.
Respecto al tema, la fiscalía a cargo prosigue investigando a los posibles autores materiales e intelectuales del homicidio de un abogado afiliado al PRD y las conexiones que puedan surgir y otros crímenes de activistas del mismo partido que apoya la candidatura de Juan Carlos Navarro. Paralelo a las investigaciones del Ministerio Público, corresponde a los líderes de los partidos —sobre todo a los inmiscuidos desde tiempo atrás en denuncias de vinculaciones con el crimen organizado— cooperar en la depuración de sus militantes por su prestigio, y por la preservación de la imagen del país.
La procuradora Belfon incidió en subrayar que el Sistema Penal Inquisitorio se encuentra al borde del colapso debido a que se acumulan numerosos expedientes que los fiscales deben resolver dentro de plazos insuficientes de cuatro a seis meses para poder atender las diligencias y la práctica de pruebas, y se ven obligados a solicitar constantemente a los jueces competentes la prórroga de los plazos de la tarea investigativa.
Aboga por la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el circuito judicial comprendido en la ciudad capital, y se puedan estudiar y dictaminar los más de 200,000 expedientes de 2013. La Asamblea Nacional aprobó la Ley 256 de junio de 2008, creadora del Sistema Penal Acusatorio, que ha dado inicio a una nueva era en la legislación penal panameña.
El Código Procesal Penal (CPP) otorga una mayor libertad probatoria, y permite que el hecho punible y su circunstancia puedan ser acreditados mediante cualquier medio permitido de pruebas y que las partes del contencioso puedan presentar el mayor número de pruebas que concurran al esclarecimiento del caso, aunque solo podrán ser valorados por el juez de garantías, las pruebas obtenidas en forma lícita.
La febril actividad delictiva, acrecentada y acelerada por el crimen organizado del narcotráfico, plantea al Ministerio Público la necesidad de recurrir a los procedimientos del Sistema Penal Acusatorio que separa las funciones de la investigación, la acusación y resolución de los actos delictivos, lo que garantiza la imparcialidad, independencia e igualdad procesal de las partes.
Tal como prescribe el Código Procesal Penal (CPP), nadie puede ser condenado a una pena o sometido a una medida de seguridad sin juicio previo dentro de un proceso tramitado con arreglo a las normas de la Constitución Política, de los tratados y convenios internacionales ratificados por la República y del mismo código.
Todo habitante del territorio de la República tiene derecho a acceder a los jueces y tribunales en las formas, plazos y las condiciones determinadas por el CPP. Asimismo se rebajaría la congestión carcelaria y se abreviarían los procesos.
