¡No basta con pedir disculpas!

Me parece bien que el presidente Martinelli pida disculpas al periodista, abusivamente detenido, esposado y denigrado por agentes de la Policía Nacional, por el “gravísimo delito”, así lo decidieron sus captores, de “haberles tomado fotos”, cuando realizaban “un operativo”. Pero eso no basta. Y tampoco basta con que se diga que los autores del atropello serán sancionados. Esos desmanes son efectos y no causa.

Si es motivo de alarma que agentes de la Policía vuelvan a las execrables prácticas de los tiempos de la dictadura que creíamos superadas, más alarmante es que el gobierno, so pretexto de que son necesarias para que puedan cumplir su misión, estimule las extralimitaciones de “los agentes de la autoridad”, con la aprobación de aberrantes reformas legales, que les garantizan impunidad.

La Policía actual, es heredera de una cultura incubada en los tiempos de la dictadura que, bajo Noriega, convirtió a toda la población no afecta al régimen en presos de confianza, sujetos a ser atropellados o privados de libertad a capricho del dictador y sus secuaces. En los 21 años transcurridos desde la caída de Noriega esa mentalidad todavía campea a lo interno de los absurdamente llamados “estamentos de seguridad”. Y muchos de los actuales jefes de la Fuerza Pública, nostálgicos del pasado, la exacerban.

Que la policía usa y abusa de su poder no es nada nuevo; pero teníamos la esperanza de que durante la etapa post dictadura, en que se supone vivimos en un Estado de Derecho, esas nefastas prácticas disminuyeran hasta desaparecer. Hoy, para nuestra alarma vemos que el actual gobierno, en lugar de proteger las garantías ciudadanas, ha optado por estimular los desafueros de la fuerza pública. Ningún policía deberá preocuparse por respetarlas, pues ahora pueden violarlas, impunemente, gracias a una malhadada iniciativa, patrocinada y justificada por el gobierno de turno, que los ha elevado a la categoría de “intocables”.

Eso se desprende, con meridiana claridad, de la norma legal, sustentada en nombre del gobierno por el ministro Mulino y aprobada, a tambor batiente por la bancada oficialista, del siguiente texto:

“Artículo 127.- Cuando algún miembro de la Fuerza Pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, por motivo del uso de la fuerza excesiva e injustificada, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña, hasta que concluya el proceso en sentencia ejecutoriada y ésta sea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal competente.”

Con base en ese adefesio legal, los agentes que “en acto de servicio” detuvieron, esposaron y denigraron al periodista Valenzuela, aunque las pruebas de su abuso y extralimitación estén documentadas y filmadas, “no podrán ser detenidos ni suspendidos”. E igual cosa ocurriría si de sus extralimitaciones resultaran lesiones de gravedad, invalidez o hasta muertes, como ya ha sucedido.

Si esa la manera como el gobierno de turno concibe su obligación de dar seguridad a la población panameña, es claro que la sensatez no habita entre sus personeros.