No más excusas

La Universidad de Panamá anunció nuevamente que impondrá mano dura en la fiscalización del cumplimiento de los planes de estudio de las 34 universidades privadas que operan a lo largo del país.

Esta advertencia ha sido hecha de forma cíclica en varias ocasiones, sin que hasta la fecha haya habido un resultado notable al respecto.

El tema de la proliferación de las universidades privadas debe ser tomado muy en serio por la Universidad de Panamá que, según el artículo 99 de la Constitución Nacional, tiene la obligación de “fiscalizarlas” para validar los títulos que ellas expiden.

La situación de algunas de estas universidades raya en la estafa hacia el estudiante y el país.

Como lo ha afirmado el propio secretario general de la UP, Miguel Ángel Candanedo, hay algunas que son de “garaje” y que incumplen todas las reglamentaciones.

Quejas sobre la falta de profesores idóneos, planes de estudio que no se cumplen, publicidad engañosa y la insuficiencia de equipos e instalaciones, se repiten de forma recurrente por parte de los estudiantes.

Una investigación de Panamá América, publicada hace algunos meses, concluyó que de las 668 carreras dictadas en estos planteles, apenas 325 habían sido supervisadas por la Comisión Técnica de Fiscalización, es decir, poco más del 50%.

El resto, reconocido por la propia Comisión, se dicta “sin ningún filtro”.

Es indudable el aporte que hacen al país las universidades privadas serias, pero también lo es, el daño irreparable que causan a los estudiantes aquellas que operan sin regulaciones. La Comisión justifica la falta de fiscalización en que no cuenta con el personal ni el equipo suficiente para supervisar a todas las universidades del país.

Es el mismo planteamiento que se repite desde hace varios años, sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto, tal vez por desidia o porque a alguien le conviene que el sistema funcione de esta manera.

No caben más excusas, la Universidad de Panamá tiene que cumplir su obligación y poner orden en este tema.