No más leyes, se necesitan acciones
En las postrimerías del siglo anterior e inicios de este, en Panamá fue una innovación la incorporación de dos leyes tendientes a prevenir el delito que para esos años comenzaba a alarmar a nuestra sociedad posinvasión.
Se trataba de la Ley 40 de 1999, mediante la cual se regulaba todo lo concerniente a la responsabilidad penal del menor infractor y la Ley 55 de 2003 que reorganizaba el sistema penitenciario panameño.
En su momento, quienes la propusieron advirtieron que se necesitaban recursos económicos para garantizar la efectividad de ambas normas legales.
Pasó una década y a través de este tiempo, la Ley 40 ha sufrido varias modificaciones, incluyendo rebajar a 12 años la edad para imputar a un niño y aumentar la pena por los delitos más graves, sin que hasta el momento haya incidido en la disminución de hechos delictivos cometidos por menores.
Por otro lado, la población penal ha aumentado drásticamente y las cárceles, lejos de cumplir un objetivo resocializador, siguen graduando especialistas en el crimen, a lo que se le suman otros problemas como la mora judicial y el soborno y chantaje para que los delincuentes continúen operando sus redes delictivas desde las celdas.
Hoy se vuelve a hablar de reformas legales en ambos temas, cuando todavía se espera un análisis sobre la efectividad de dichas leyes y sus modificaciones.
Aunque suene trillado, la prevención todavía está esperando su oportunidad. No podemos seguir observando con temor y esperar a que un aumento de penas o la construcción de nuevas cárceles acabe con estos problemas.
A la par de todas las acciones que se realicen, es la hora de que todos los sectores organizados de este país se propongan la gran tarea de rescatar a la sociedad de la violencia en la que está envuelta. Si no lo hacemos, se sumará una y otra generación distorsionada que terminará por hacernos insensibles ante estas situaciones.
