No se puede servir a dos amos
Los funcionarios involucrados con apoyar a la justicia, para que en un momento los miembros del crimen organizado paguen por sus crímenes, no pueden continuar sirviéndoles a Dios y el diablo.
Y prueba de ello es el desmantelamiento en México de un grupo de funcionarios de alto y bajo perfil que formaba parte de la nómina del cartel de Los Zetas.
Colaboraban con el sistema de justicia para algunos casos y en otros eran los soplones de los narcotraficantes.
La excusa es el mal salario que reciben por sus servicios al país.
El presidente Felipe Calderón en los seis años de gobierno ha procurado que todos los sectores involucrados en impartir justicia cuenten con el salario que les permita evitar las tentaciones.
Pero por lo visto no ha sido así, porque en el estado de Coahuila un funcionario o exfuncionario podía cobrar hasta $48 mil por el trabajo que se la asignara.
¿Cómo es posible que el subdirector regional de la Fiscalía General de Coahuila, llamado a investigar a estos delincuentes, cobrara $12 mil por organizar operativos para transportar drogas, organizar secuestros y homicidios?
Funcionarios encargados de brindarles seguridad a los ciudadanos cobraban hasta $40 mil por informarles a Los Zetas de los operativos policiales y además de ello robarle a los rehenes de sus competidores para hacerse ellos del negocio.
Son esta clase de situaciones las que provocan la desconfianza de los ciudadanos en los estamentos de seguridad.
Y no cabe duda de que esta plaga no solo afecta a México sino a todo la región centroamericana que, por más esfuerzos que haga en depurar a la Policía, a los miembros del Ministerio Público, jueces y otros, siempre habrá quienes se vean envueltos por el poder y la riqueza que ofrece el crimen organizado a quienes bien le sirven.
