Nueva batalla
Tras sus dos primeros años, el actual Gobierno sigue empeñado en imponerse a la fuerza y rehuir al amplio proceso de la consulta ciudadana para evitar más errores.
Hace unos meses, las reformas al Código Minero provocaron un cruce de acusaciones y denuncias entre autoridades y grupos ambientalistas, cuya relación es difícil de subsanar.
El nuevo episodio de esta lucha ha sido la aprobación del Decreto Ejecutivo 155, publicado el 6 de agosto en la Gaceta Oficial, lo que implica la segunda modificación -en esta administración- a la Ley 41 de 1998 que dicta Ley General del Ambiente.
La norma, que no solo ha tomado por sorpresa a los ambientalistas, sino a toda la sociedad, establece límites a la Autoridad Nacional del Ambiente para que formule las observaciones a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en un plazo que se redujo de 15 a 8 días, si es de categoría II y, de 20 a 10 para los de categoría III.
Esta y otras modificaciones, según sus creadores, busca “hacer más eficiente y eficaz el proceso de evaluación, revisión y calificación de los EIA”.
También se acortaron los tiempos para que los grupos que podrían resultar afectados con la ejecución de proyectos puedan solicitar las aclaraciones del caso.
Resulta contradictorio que, conociendo la gigantesca burocracia estatal que afecta al país, se apruebe un decreto para agilizar la tramitación y el análisis de los Estudios de Impacto Ambiental. Las autoridades no pueden pretender que la población panameña muerda el anzuelo.
En lugar de abrir paso expedito a los grandes proyectos, se debió afinar los controles para que el impacto al medio ambiente sea mínimo. Solo deben recordar que el apuro, trae cansancio.
