Nueva Constitución, necesidad nacional
Todos los días los iniciamos escuchando comentarios y análisis políticos sobre la crisis social y económica que atraviesa el país en virtud de los desaciertos de la clase política que hoy gobierna el país, en contubernio con el poder económico que solo persigue acrecentar sus ingresos a costillas del sufrimiento y las frustraciones del pueblo, que sigue al margen sin un accionar que obligue a la toma de decisiones nacionales que resuelvan los problemas que le agobian. En Panamá, en estos momentos, el gobierno de turno sigue utilizando la justicia como arma de ataque político a sus enemigos, en una especie de venganza y acometidas con odios viscerales. Por otro lado, vemos como, delante de nuestras narices, el poder económico, que controla el poder político, pretende repartirse los activos del Canal de Panamá, al margen de lo que establece la Constitución vigente. Al mismo tiempo, vemos una Asamblea Nacional castrada, invadida por la corrupción, que a su vez emana de un Poder Ejecutivo salpicado también por denuncias y sobornos desprendidos por el caso de la constructora Odebrecht. Esto, en conjunto con los Panamá Papers, ha puesto en peligro el sistema bancario y financiero del país, uno de los principales pilares de la economía nacional. ¿Podemos permitir esta destrucción del país sin hacer nada?
Panamá creció, económicamente, en los últimos dos quinquenios a un promedio de 8.5%. Hoy estamos con dudas en un 5%. La calidad de vida se ha deteriorado, los servicios de educación y salud son deficientes, la inseguridad no nos deja vivir sin miedos. Si seguimos a este paso, ¿a dónde vamos a llegar? Los ciudadanos honestos y responsables de este país, ya sea por iniciativa individual o agremiados, debemos reaccionar para promover un gran "concordato nacional", que establezca reglas constitucionales renovadas y modernas, reglas que permitan al país salir de este atolladero al cual nos ha conducido una desorientada y maledicente lucha política promovida por un gobierno que parece estar ciego a la peligrosa situación que atravesamos como sociedad. ¡Un Estado fallido no beneficia a nadie, ni a ellos ni a nosotros!
Ante este deprimente panorama nacional, la opción más inteligente que debemos adoptar en conjunto es la de una constituyente por iniciativa ciudadana. Las reformas son una opción que, hasta la fecha, nunca han resuelto de raíz la problemática. Se requiere una refundación de la institucionalidad del país, especialmente de la Asamblea, para devolverle la beligerancia política real establecida como el principal poder ciudadano del Estado. ¡Tomemos las decisiones adecuadas por el bien común!
Ingeniero
