Nueva Constitución o el ‘antes pare la mula’
Romper viejos esquemas constitucionales y legales es una tarea nada fácil. Es como si la mula pariera. Es decir, lograr romperlos es un verdadero milagro. Hay naciones que se jactan de sus constituciones. Estados Unidos de América es una de ellas. Otras naciones han marcado hitos en el moderno constitucionalismo.
Nadie olvida la Constitución de México -Querétaro, 5 de febrero de 1910, de raigambre eminentemente social-, la idea de soberanía, los derechos humanos, la división de poderes, el sistema federal, el sistema representativo, la supremacía del Estado sobre las iglesias y la existencia del juicio de amparo como medio fundamental de control de la constitucionalidad fueron sus más notables principios o pilares; tampoco nadie deja en el olvido a la famosa Constitución de Weimar o de la República Alemana de 1917. La Constitución de Weimar o de Alemania fue sancionada el 11 de noviembre de 1919. Sus principales ideas fueron: establecer una república federal con nueve estados y la elección de un presidente por votación popular, el cual a su vez tenía la facultad de elegir al canciller para que formara un gobierno; el presidente podía disolver el gabinete y vetar las leyes del poder legislativo. Además, con el fin de mantener el orden y la seguridad pública, el presidente podía suspender las libertades públicas y obligar a los estados federados por la fuerza, llegado el caso, a cumplir con sus obligaciones.
La Constitución de Weimar junto con la Constitución de México, sancionada dos años antes, dieron origen al constitucionalismo social, que estableció el Estado de bienestar y reconoció los derechos de los trabajadores.
Panamá, que en toda su vida republicana ha tenido cuatro constituciones: 1904, 1941, 1946 y 1972, cabe decir, aún no termina de elaborar o configurar su constitucionalismo.
La última y actual Constitución emana de un constitucionalismo trasnochado, que nació trasnochado y sigue huérfano de auténticas instituciones jurídicas. La Constitución de 1904 tuvo 37 años de vigencia; la del 41 tan solo 5 años; la del 46 duró 26 años y la de 1972, con todas sus reformas, lleva ya 43 años de vigencia. Es decir, la llamada Constitución de los militares tiene 43 años de vida, 43 años de estarnos rigiendo. Y precisa decir que casi, por poco, duplica en años de vida a la Constitución de 1946. Ha sido la Constitución de más larga vida o existencia.
Por ello, no pecaríamos en sostener que los gobiernos civiles, luego de los militares que gobernaron el país, han seguido atados, regidos, por esa Constitución.
Algunos de los presidentes, llamados los “presidentes del periodo del retorno a la democracia”, hicieron intentos, expresaron deseos, constituyeron mesas o comisiones de estudios y de reformas, pero ningún plan o proyecto se ha visto materializado en una nueva Constitución. Otros se conformaron tan solo con introducir reformas calificadas, con justa razón, por algunos constitucionalistas de “parches o remiendos constitucionales”, y no faltaron algunos doctos que han externado que se trata de “reformas insustanciales”, es decir, que poco o nada inciden en la vida nacional y ello sin dejar de reconocer, por mi parte, algunos aportes sustanciales.
Y de eso se trata. Que la Constitución de 1972 ya no aguanta más.
Se requiere introducir los nuevos paradigmas constitucionales de la nación. Que los vientos de la contemporaneidad, el oxígeno puro y fresco que han traído los aportes de la filosofía jurídica de actualidad, de los avances en materia de los derechos humanos, en las ciencias, en la economía, en las consideraciones de los grupos sociales, medioambiente, etc., sean plasmados, con artículos constitucionales claros, bien definidos, bien elaborados, en un nuevo texto, íntegro, completo, a llamarse nueva Constitución.
Y mientras las cosas sigan así, que nada cambia, que todo sigue igual en nuestra Constitución, seguiremos como los israelitas en el desierto, que no se dieron cuenta de que por 40 años caminaron sobre la misma arena, sin avanzar. En realidad, nosotros ya llevamos más de cuarenta años sobre el mismo desierto constitucional.
El presidente Varela debe cumplir, en consecuencia, a propósito de nuestro tema, con su compromiso de campaña, de permitir o crear los mecanismos necesarios, para establecer una Asamblea Nacional Constituyente que, una vez establecida, elegida popularmente, por el pueblo como soberano único, se siente a redactar esa nueva Constitución Nacional.
No podemos luego seguir de tumbo en tumbo, errantes, desacertados y que los presidentes que se enquistan en el poder político terminen aferrados, amando a la actual Constitución, porque resultará que la misma es buena por “su exceso de poder plasmado en un presidencialismo que todo lo puede y que raya con el absolutismo o la autocracia”.