Nueva Ley Agropecuaria
Con las nuevas implementaciones de gestión pública sobre la modernización del Estado que involucran el sistema de libre oferta y demanda han surgido interrogantes sobre la eficacia de ese modelo económico en algunas actividades de los sectores primario, industrial y el comercio.
A mí, en lo personal, me preocupa el sector agropecuario, ya que esta industria esta duramente golpeada en los últimos años y más ahora con las recientes lluvias que azotaron a grandes poblados; pero también dejaron devastados muchas hectáreas de siembra y ganadería.
Esta actividad que genera empleos y mantienen a muchas familias con economías de subsistencia tiene sus ojos en la modernización agraria que incluyen los Tratados de Libre Comercio firmados por el Gobierno Nacional con Taiwán, El Salvador, Chile y el esperado TPC con los Estados Unidos de América.
Panamá es un país modelo de crecimiento económico por encima del 3% anual.
Históricamente el sector primario aporta muy poco al Producto Interno Bruto (PIB). La agricultura aporta el 7% del PIB; mientras la minería el 1%, industria y construcción no aportan más del 12%.
El resto pertenece a los servicios: comercio interno 9%, transportes y comunicaciones 9%, Zona Libre de Colón 9%, Canal 9%, finanzas 8%, Administración pública 10%, etc., hasta sumar el 80% del PIB.
Hoy es el momento de iniciar una nueva etapa para los hombres y mujeres del campo con una Ley de General de Agricultura que tendría como objetivo derogar algunas leyes obsoletas y modernizar con incentivos, comercio y políticas que puedan garantizar una seguridad alimentaria para todos los panameños.
Con esta Ley se buscarían alternativas reales para los productores agrícolas llámense de Cerro Punta, Bugaba, Soná, Macaracas, que piden a gritos equilibrar los precios que pagan las comercializadoras o intermediarios.
Nosotros particularmente creemos que el Estado a través de la Asamblea Nacional debe establecer nuevos sistemas de políticas agropecuarias; claro está bajo la regulación del MIDA porque esta nueva herramienta jurídica (Ley) debe ser moderna y ágil para los productores.
Con esto decimos que deben acabarse o minimizar los problemas de comercialización, financiamiento, importación o especulación de los productos agrícolas.
Los Gobernantes deben reflexionar y visualizar estrategias que vuelvan su mirada al campo y cumplan con el mandato constitucional capítulo 6° sobre Seguridad Social y Salud.
