Nuevo traspié
La inexperiencia en el manejo de la cosa pública ya le está pasando factura a la nueva defensora del Pueblo.
Primero fue su incidente en el Hospital Santo Tomás, a donde pretendió ingresar incumpliendo las reglas de seguridad establecidas en el centro médico, so pretexto de visitar a varios detenidos que se mantenían hospitalizados tras una reyerta.
Ahora, pretende condicionar su perdón al exdictador Manuel Antonio Noriega, a cambio de que este lo haga primero y revele a sus cómplices en todos los crímenes por los cuales se le condenó.
Es cierto que la hoy funcionaria quedará marcada de por vida por una irreparable pérdida durante la época militar y que Noriega solo merece seguir en la cárcel cuando sea extraditado a Panamá, pero son dos hechos -personales y profesionales- que deben ser separados.
La defensora está para velar por el respeto de los derechos humanos de todos los panameños, sin excepción.
Eso incluye al propio “exhombre fuerte” que, de acuerdo con los planes de las autoridades panameñas, será extraditado desde Francia en septiembre y será recluido en el centro penitenciario El Renacer.
Ella tiene todo el derecho a saber qué fue lo que realmente sucedió con su familiar y con muchos otros que desaparecieron durante los años en que las botas gobernaron el país; sin embargo, por ley, también tiene el deber de garantizar un trato justo para quienes algún día la quebrantaron.
La labor de demostrar la culpabilidad o inocencia de Noriega en varios casos por los que se le acusa está fuera de la esfera de la defensora y serán las autoridades del Órgano Judicial las que decidirán cuál será su futuro, una vez llegue a Panamá.
