OEA y drogas
La Declaración de Antigua, aprobada por la reciente reunión de cancilleres en Guatemala, señaló la hoja de ruta hemisférica en la lucha contra el tráfico de drogas, sobre la base de un informe elaborado por un grupo de expertos. El informe de veinte puntos recomienda a los Gobiernos el enfoque integral del problema que tome en cuenta aspectos de salud, educación e inclusión social. Sin embargo, en el curso del debate afloraron divergencias acerca de la prioridad de las políticas gubernamentales que debieran adoptarse. La delegación guatemalteca expuso la propuesta de la despenalización del consumo de drogas. Otros países, como Estados Unidos, mantienen la tesis de la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Hay sectores de la sociedad civil que, fundándose en el fracaso de las medidas de represión policial durante un lapso de cuarenta años, plantean la desregulación del consumo para minimizar los precios de las drogas y así lograr que desaparezcan los carteles organizados para aprovechar el desorbitado lucro de las ventas.
Objetivamente se aprecia que, desde que fue aprobada la convención de la OEA sobre estupefacientes de 1961, no mitigó el consumo de drogas ni amainó el poderío internacional de los carteles. Por el contrario, los aborrecidos carteles han intensificado los tentáculos internacionales al extremo de debilitar peligrosamente la institucionalidad de los Estados implicados en sus operativos sombríos. Así aconteció en Colombia debido a la sombría organización encabezada por Pablo Escobar y de otros carteles. México militarizó la ofensiva contra los carteles ante el destape del soborno de mandos policiales. El área de cultivos de hoja de coca crece en Perú y Bolivia al ritmo de estímulos de altos precios de compra de los narcotraficantes. Centroamérica padece un torbellino de violencia fomentada por el narcotráfico. En Panamá las autoridades interceptan diariamente toneladas de alijos de drogas; reportes policiales dan cuenta de sangrientos ajustes de cuentas entre sicarios.
Mientras prosiguen año tras año las reuniones diplomáticas para discutir las consecuencias del narcotráfico, los carteles avanzan por la inocuidad de las medidas multilaterales. La Declaración de Antigua representa un importante compromiso hemisférico en defensa de la salud, el acceso a la justicia y la inclusión social más orientado a consumidores y campesinos. Cuando se produzca la devaluación del precio de estupefacientes al extinguirse las raíces económicas de producción, elaboración, distribución, consumo y venta que concurren a la sobrevaloración del producto, la humanidad se librará de una de las peores calamidades contemporáneas. La conexión entre narcotráfico, lavado de dinero, violencia interna, soborno político, inestabilidad institucional, determina la elevación de gastos gubernamentales que, en circunstancias normales, deberían dedicarse a inversiones sociales. América Latina debe erradicar el narcotráfico con la aplicación de medidas más eficaces que produzcan la decadencia del ilícito negocio sin incurrir en el fomento masivo del consumo. La experiencia desarrollada durante cuarenta años sin grandes resultados no debe llevar al desencanto, sino a la infatigable búsqueda de fórmulas prácticas contra la expansión del flagelo.
