ONU y la corrupción
Los representantes de 140 países participaron en la V Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas, realizada en Panamá para analizar el complejo problema de la corrupción, una lacra de rostros múltiples que abarca diversos segmentos de la actividad pública y privada. Uno de los principales consensos de la reunión fue definir las innumerables modalidades de la corrupción y tipificarlas como delitos en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la ONU.
Una percepción simplista de la corrupción concurre a presentarla como los costos de las obras públicas, creyendo que los cambios de los precios de los presupuestos constituyen pruebas de corrupción, sin tomar en cuenta las constantes variaciones de los costos de insumos del mercado abierto, hechos por empresas privadas.
El trasfondo político de las imputaciones de corrupción por sobreprecios revela que no se presentan pruebas específicas de las denuncias, porque lo que persiguen es denigrar a los gobiernos, sin aportar evidencias de los actos de corrupción ante las autoridades competentes. Formular imputaciones de manejo indebido de recursos públicos sin presentar pruebas de lo que se denuncia representa la comisión de actos de corrupción moral tipificados por el Código Penal como delitos de calumnia e injuria. Las intenciones políticas de esa clase de denuncias sensacionalistas de medios de comunicación entorpecen las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público y la Secretaría Nacional Anticorrupción.
Panamá ha suscrito numerosos convenios para impedir el desvío de productos químicos esenciales, para asistencia legal mutua en asuntos penales, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia, con Estados Unidos, Reino Unido, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba, Argentina y otros Estados. Ha creado una unidad especializada en la investigación de depósitos bancarios y lavado de dinero.
El actual gobierno organizó la Secretaría Nacional Anticorrupción para detectar hechos fraudulentos en la administración pública. Se debe mencionar la ley de transparencia, vigente desde 2002, y el establecimiento del recurso de habeas data para posibilitar el libre acceso a la información de las agencias gubernamentales, con las reservas de confidencialidad de la ley. La Corte Suprema de Justicia ha expedido fallos sobre el habeas data, considerando en unos casos la improcedencia de las demandas de información contable de empresas privadas, o la procedencia en casos previstos por la ley.
