“Operación estulticia”
Durante los trágicos sucesos del pasado mes de julio en la provincia de Bocas del Toro, hubo muertos y muchísimas personas lesionadas. Las “autoridades insisten” en que los muertos fueron “solamente dos”, como si eso las exculpara por la salvaje y desproporcionada represión de las manifestaciones; y, además, convenientemente han omitido que fueron 200 o más las personas lesionadas, y que 20 o 30 perdieron la visión de manera irreversible.
Es también un hecho comprobado que muchas personas, intimidadas por la conducta de los represores, prefirieron no buscar curación en los hospitales y ocultarse por temor a ser detenidas. En ese escenario, enrarecido y agravado por las tergiversaciones de las autoridades, desmentidas por las comprobaciones hechas “in situ” por varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, incluidas algunas de carácter internacional, era lógico, y mucho más que eso, imperativo que surgieran las denuncias públicas para averiguar por las personas cuyos paraderos eran desconocidos por sus familiares y relacionados. Tal fue el caso del señor Palacios.
Animados por ese propósito, eminentemente humano, se interpusieron varios “habeas corpus”, señalando como responsables para que rindieran los correspondientes informes a quienes era lógico pedirles cuentas: la policía y los funcionarios del aparato de seguridad involucrados en las acciones de represión. ¿Era ese un delito contra la patria? ¿Era eso atentar contra el presidente de la República? ¡Por supuesto que no!
Pero esas acciones, a todas luces legítimas, han tenido una reacción digna de encabezar “la antología de la estulticia política”. La primera, fue la patraña del montaje de la presentación, flanqueado por el jefe de la policía del indígena desaparecido. La segunda, el desplazamiento de tropas de choque, para amedrentar a los que pacíficamente marcharon hasta la Defensoría del Pueblo. Y como si no bastara con las dos anteriores sandeces, vino “la perla de la recompensa”, según sus promotores, motivada para desagraviar la ofensa hecha al Sr. Martinelli, por “los conspiradores de la oposición y de la sociedad civil.”
Dudo que al señor Martinelli le fuera consultado ese acto de servilismo político, en el que se ha gastado más dinero, en propaganda, que los 5,000 ofrecidos como recompensa. Pero su falta de reacción para detener o disuadir semejante exabrupto es, como mínimo, para alarmarnos.
La causa de la tragedia de Bocas del Toro fue la tortuosa, inconsulta y mal intencionada aprobación de la “Ley Chorizo”. Ella generó la cadena de absurdidades subsiguientes. Ahora, pálidamente, surgen voces dentro de alianza de gobierno que así lo reconocen y parece haber propósito de enmienda; pero, todavía, campean “los cabezas calientes de línea dura”, a los que, hasta ahora, no parece haber intención de frenar, por quien puede hacerlo, el presidente Martinelli. Seguir demorando reconocer el error cometido, mediante la derogación inmediata de la nefasta ley y no poner un alto a los “subalternos desbocados” es fomentar la inestabilidad y la justificada insatisfacción ciudadana. Y eso conlleva, como ya lo demuestran los últimos sondeos, un precio político. De eso, que no quepa duda.
