Otras motivaciones del proyecto de ley 61
Ya se inició, en primer debate, la discusión en torno al proyecto de Ley 61, por el cual se adoptan políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud, tal como se titula el precitado documento legislativo. Recordemos que este proyecto ya estaba en segundo debate, impulsado por su proponente el HD Crispiano Adames Navarro del gobernante-opositor Partido Revolucionario Democrático y acuerpados por grupos de LGBT, siglas con las que se denomina asociativamente a lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros. Muchos han sido los argumentos esbozados para apoyar este proyecto de ley, pero igualmente se han generado claras oposiciones, lo cual provocó el 13 de julio pasado una multitudinaria marcha que manifestó su rechazo a este y a la vez obligó a bajar al primer debate este intento de legislar sobre el tema de educación sexual, con una clara connotación de introducción de ideología de género.
El diputado que legisla expresa en la exposición de motivos del proyecto que el 75% de niños y niñas que nacen anualmente en Panamá, lo hacen fuera de una unión estable. Lo primero cuestionable es el uso del lenguaje claramente aportado con influencia de la ideología de género, cuando la propia Real Academia Española ya ha manifestado que el desdoblamiento indiscriminado del sustantivo es artificioso e innecesario; pero el legislador dice: niños y niñas. Por lo pronto, admitimos este lenguaje para los efectos de continuar el análisis, pero me voy a los números aportados por el legislador.
El 75% de los nacimientos se dan fuera de uniones estables, dice el proponente del proyecto legislativo; esta cifra es totalmente falsa y lo voy a demostrar. En la Dirección de Estadística y Censo de la Contraloría de República de Panamá dicen que somos 3,405,813, de acuerdo con el último censo de población y vivienda del 2010; de ese total de la población, 1,363,755 están casados o en uniones libres, lo que significa que el 40% de la población se encuentra dentro de una relación estable, el porcentaje de separaciones o divorcios es de 7,16% y los menores de 15 años son el 29%. En este sentido, tomando en consideración estos números no entiendo de dónde saca el diputado Adames Navarro semejante cifra del 75%, no cuadran los números.
El 70% de los niños nacidos en el 2015 fueron de parejas unidas y el 15% de casadas. Es decir, el 85% de los niños en Panamá nacen de parejas en grado de estabilidad. En Panamá, las uniones consensuadas y de hecho tienen validez. Decir lo contrario, es denigrar a las mujeres unidas que tienen hijos con su conviviente. Lo que comienza mal, termina mal dice el refrán; si la motivación del plan de legislar se da sobre la base de estadísticas alteradas, no quiero pensar en el contenido y mucho menos en el espíritu del pretendido documento.
Revisemos otra justificación más que expresa el diputado que legisla. En los indicadores que maneja el Ministerio de Salud, consultamos la página http://www.minsa.gob.pa y al revisar las estadísticas que ellos publican observamos que la primera causa de muerte en nuestro país son los tumores malignos, los accidentes y lesiones son la segunda y las enfermedades cerebrovasculares corresponden a la tercera. Pero en cuanto al VIH solo se registraron 484 muertos en el 2014, lo que lo establece como la causa N°10 en una lista de 10 principales causas de muerte, de acuerdo con estadísticas de la Contraloría de la República de Panamá.
El legislador ha dicho que el Sida-VIH es la tercera causa de muerte en el grupo poblacional de 15 a 24 años de edad. El Ministerio de Desarrollo Social, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un informe donde coloca la violencia y el SIDA como las principales causas de muerte en la juventud y, al revisar los números que ellos mismos proporcionan, pude percatarme que hablan de 2236 muertes por Sida desde 1984 al 2014 (30 años) de los cuales 166 son en el rango de edad de 15 a 19 años; 762 de 20 a 24 años y 1308 de 25 a 29 años. Extraigamos los números y nos daremos cuenta de que aunque quieran hacer cálculos en un periodo de 30 años, solo hay reporte de muertes de 166 en edades de 15 a 19 años. Representaría un promedio de 5.53 muertes de adolescentes por año, a causa del Sida.
No obstante, no entiendo cuál es la fuente que utiliza el MIDES para decir que esta causa de muerte está entre las dos principales, cuando el número es evidentemente exiguo. Haciendo referencia al Informe Nacional sobre los progresos realizados en el país, elaborado por MINSA en el 2014 (correspondiente al período comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2013), dice el mismo en su página 22 que la prevalencia de VIH en hombres de 15 a 24 años es de apenas 0,37% y en mujeres es de 0,25%. Y de verdad, ¿quieren hacernos creer que esta es la tercera causa de muerte? Me da la impresión que los porcentajes, números, cifras, estadísticas están siendo manipulados intencionalmente.
Por otro lado, quisiera saber cuál es el sustento estadístico del proponente, ya que lo dicho por él en la motivación del proyecto no corresponde con la realidad. No estoy negando la existencia de situaciones de riesgo; sin embargo, cuando realmente queremos resolver un problema debemos ser claros en el análisis de la realidad de forma integral, por lo cual es imperativo que el estudio de los fenómenos deben darse de forma objetiva y sin apasionamiento o presiones. La verdad creo que hay muchos apasionados y gran cantidad de presiones, sobre todo externas, en este tema.
Allí no termina todo, sigue exponiendo sus razones y esta vez cito: “Ante las evidencias de resultados exitosos de la educación integral como herramienta de prevención, el artículo 8 del anteproyecto que hoy presentamos, establece la obligatoriedad de la educación integral en sexualidad, en la currícula de todos los niveles educativos oficiales y particulares”. Esto lo cito de la misma exposición de motivos, ante lo que me salta varias consultas a la mente y lo plasmo en este escrito: Primero, ¿Cuáles son las evidencias de resultados exitosos? Quisiera saber los países donde este tipo de iniciativas han ayudado en algo. Segundo, si hablan de obligatoriedad de educación integral en sexualidad en escuelas privadas y públicas, yo consultaría ¿Qué harán con el 25% de la población en edad escolar que no está en el sistema educativo? ¿Qué pasará con toda esta gran cantidad de adolescentes y niños que cada año desertan del sistema escolar?. Esto me trae evidencia de que no hay mucho interés en la población con mayor vulnerabilidad en esta propuesta, de hecho la intención es otra y se tuercen las motivaciones y el deseo de ver mejor nuestra sociedad, con la intención de legislar y abrir la puerta al concepto de ideología de género, manipulando el aparato ideológico por excelencia que es el sistema educativo. El propio artículo 8 expresa que esa obligación de la educación sexual integral no será sexista; es decir, se busca introducir el concepto de género en reemplazo del sexista, se pretende dejar a un lado la natural concepción de hombre y mujer, y así dar paso a toda una serie de terminologías que legitimarían ideas y prácticas que requieren los LGBT para sus pretensiones presentes y futuras. Por ello, la insistencia de estos sectores en la aprobación de esta ley y en las guías de Meduca-Unfpa. El plan no es disminuir embarazos en adolescentes, ni atender al problema de muertes por VIH; el fin es decirle a la sociedad que el modelo de familia hombre y mujer fracasó, que el Estado debe hacerse cargo de la educación ideológica de nuestros hijos.
Si se quiere beneficiar a la población infante, adolescente y joven de nuestro país, hay rutas que ya hemos explorado, que si se dan los recursos necesarios, planificando de forma correcta tendríamos buenos resultados; la escuela para padres en centros educativos y comunidades; el apoyo al MINSA en la ampliación de sus insumos para atender a la población de sectores vulnerables, en primera instancia; la creación de una vez por todas del Instituto Nacional de la Juventud, con la asignación de recursos a proyectos que hagan llegar principios y valores a los jóvenes por medio de redes de crecimiento e instrucción; potenciar el trabajo de instancias como Seniaf, Inamu, entre otros; el trabajo conjunto con las juntas comunales para llegar a la población de forma más directa.
Todo lo anterior es parte de cosas que desde hace mucho se han venido hablando en diversas mesas de trabajo gubernativo, con la sociedad civil, pero no se le ha dado la continuidad y el desarrollo correspondiente. La necesidad de mejores días para nuestros jóvenes es evidente, estamos a tiempo de hacer cosas buenas por ellos, pero no será la ideología de género lo que abrirá horizontes positivos para esta o futuras generaciones.
Investigador Social, Teólogo y Presidente de la Fundación Padres por la Educación.
