Pacto ético
El pacto ético de partidos políticos debe plantearse en forma integral, dado que deja cabos sueltos que pueden tergiversarlo. Enmarcarlo solo en la eliminación de la llamada guerra sucia en la emisión de cuñas de televisión, avisos de prensa escrita y propaganda grabada de radioemisoras contratadas por partidos políticos o grupos independientes dejaría por fuera a las informaciones y opiniones periodísticas aparentemente ajenas a la propaganda contratada. La realidad enseña a desenmascarar las apariencias. Está a la vista de los panameños el turbio consorcio de diarios de oposición y partidos políticos entrelazados cual maquinarias de injurias y calumnias para desfigurar las acciones del gobierno.
La estrategia radica en informar sobre asuntos de supuesta ilegalidad acompañados por declaraciones de voceros políticos que, sin enterarse bien de lo que vociferan, irresponsablemente claman por la investigación del Ministerio Público, la Contraloría o el Órgano Judicial. Se complementa la estrategia de ataques cuando en la Asamblea Nacional los diputados curtidos en la difamación y la calumnia exigen la interpelación de ministros, funcionarios, etc.
El tercer acto se produce cuando ante la reacción exasperada del presidente, dichos medios se autovictimizan, se declaran perseguidos, lloriquean y se refugian en gremios locales y foráneos, anteladamente cuadrados con la estrategia antidemocrática.
Los hechos demuestran que los miembros de la maquinaria de desinformación no se retractan y si se ven obligados a hacerlo con la prueba contundente de documentos objetivos, arrinconan la aclaración en páginas interiores con tipografía minimizada adrede, tras verificarse que las imputaciones carecen de asidero, son improcedentes o falsas.
La experiencia enseña que no existe en esos medios de comunicación atisbos de una auténtica ética periodística para reconocer las falsedades perpetradas –como en el caso pintoresco de un boricua farandulero– queda flotando la sensación de que se oculta la realidad de los hechos. No se publicaron, como en este artificial escándalo del boricua, las copias de los giros de dinero y los pasajes aéreos ni el comunicado de la Contraloría aclarando que no se usaron recursos fiscales.
Este esquema también se aplicó en las adquisiciones de radares para fortalecer la seguridad, en el [B]affaire[/B]de Financial Pacific y en la relación de tantos otros casos de informaciones periodísticas que recuerda la opinión pública. Si Cambio Democrático llegara a firmar el pacto se presentaría la figura de tigre contra burro amarrado.
La Constitución traza un punto de responsabilidad penal a la libertad de expresión trasvestida en libertinaje con fines políticos calumniosos. Precisa claramente el artículo que “toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público”. Es inadmisible la vigencia de un pacto de orden ético sin asumir las responsabilidades legales que constituyen delitos contra el honor en el Código Penal.
