Pago de favores
El nombramiento de la esposa del hijo del magistrado Erasmo Pinilla como cónsul en la ciudad de Tampa se presta a la interpretación de un pago de favores del gobierno panameñista al presidente del Tribunal Electoral (TE). La toma de posición política del controvertido magistrado se explicitó en discursos y declaraciones periodísticas hostiles a Cambio Democrático (CD) y favorables al gobierno panameñista. Sin embargo, los dictámenes del TE avalando impugnaciones a diputados electos de CD ya no dejan resquicio a la duda acerca de la flagrante parcialidad partidista de un funcionario expresamente vedado de ejercicio político por el Código Electoral.
La renuncia de Pinilla al cargo de magistrado cae por gravedad jurídica: un magistrado del TE no debe violar el Código Electoral bajo ningún concepto, máxime en la exigencia de imparcialidad en asuntos de anulación de elecciones de diputados y representantes de corregimientos, ratificados en sus cargos por los votantes.
Por respeto al ordenamiento jurídico, Pinilla no puede continuar en el cargo de magistrado, después de esta otra prueba de su interesado sometimiento político al actual gobierno. Su inclinación al nepotismo en la administración del TE fue fundamento de cuestionamientos al conocerse que sobrinos, primos y otros allegados están o estuvieron en la planilla.
Como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no dice esta boca es mía para cumplir su obligación constitucional de sancionar las fallas de los magistrados del TE, corresponderá a profesionales del derecho o a cualquier persona natural solicitar su inmediata remoción ante la gravedad de la probanza del contenido político de sus acciones específicas y colaterales.
Hay que abrir puertas y ventanas para que entre aire puro al templo faraónico del TE. Otros ciudadanos panameños de acreditado apoliticismo y probidad personal debieran incorporarse al TE tanto por la remoción o renuncia de Pinilla cuanto por el vencimiento del periodo de 24 años de Eduardo Valdés Escoffery.
Sin embargo, hay que precisar que los nombramientos de magistrados corresponden al presidente Juan Carlos Varela, la Asamblea Nacional y la CSJ. La línea de designaciones del Órgano Ejecutivo en la Contraloría y la Procuraduría General se ensombrece al eliminarse las consultas a la sociedad civil. Para impedir que se designen magistrados del TE a espaldas del pueblo, debe reanudarse las demandas para que se seleccionen con la asistencia de la sociedad civil y se permita investigar sus hojas de vida con énfasis en que no pertenezcan a partidos políticos de gobierno.
Resultaría insoportable que el panameñismo y el perredismo monopolicen las designaciones de funcionarios electorales de influencia innegable en los comicios del futuro. Erasmo Pinilla debe el nombramiento al PRD a cuya militancia perteneció: Valdés Escoffery fue designado por Endara y ratificado por Martín Torrijos, cuyo eslogan político “Sí se puede” repitió en un discurso delator de sus preferencias políticas.
La aprobación de ambos magistrados a las imputaciones recurridas por candidatos del oficialismo, desmentidas en las segundas elecciones en tres circuitos, transgreden la ley electoral y ofenden al pueblo con sus agravios de corrupción. Ya se verá cómo en los próximos circuitos el actual TE quedará peor por sus planificadas resoluciones. Mejor es que vayan recogiendo sus chécheres en los sarcófagos del templo faraónico.
