Palacetes ilegales
Panamá es atractiva para los miles de turistas nacionales e internacionales por sus bellas playas, que se han convertido en un tesoro exclusivo para pocas personas.
Hace escasos años, Coronado, ubicada en el distrito de Chame, ha sido blanco de disputas legales por su pertenencia privada o pública. Ahora, un nuevo episodio rodea a esta joya del Pacífico.
Allí, 107 de las familias más adineradas del país se han tomado, ilegalmente, más de 23 mil metros cuadrados de ribera de playa para ampliar las áreas sociales y muros de sus palacetes y edificios.
Con esta invasión de dos hectáreas, que pertenecen a todos los panameños, el Estado ha dejado de percibir unos 18 millones de dólares anuales, pues los propietarios ni tan siquiera se han acercado a las autoridades para regularizar su situación, que evidencia un cúmulo de irregularidades.
La Dirección Nacional de Catastro detectó la ilegalidad en estas tierras desde hace varios años, pero al día de hoy, quienes han dirigido esta dependencia no han impuesto las sanciones correspondientes ni han hecho los correctivos necesarios.
Un exministro ya admitió que cuando quiso actuar contra una de las familias, se enfrentó a presiones por intereses económicos.
La ley es de estricto cumplimiento para todos los panameños, sin distingo de clase social, raza o religión.
Tomarse tierras de manera ilegal para beneficio propio, bajo la excusa de contar con nexos con el poder, es un mal mensaje para el resto de la población.
Las autoridades deben actuar para detener este problema, antes de que la situación se les salga de las manos y, en otras áreas, se repita la misma historia de desorden y descaro.
