Panamá: el costo de la informalidad económica
Recientemente, Panamá ha despuntado mundialmente como una economía pujante y estable logrando envidiables tasas de crecimiento e históricos niveles de empleo, todo esto aunado a grandes inversiones extranjeras y una ambiciosa red de infraestructura física.
Sin embargo, poco se conoce sobre la otra cara de la moneda de nuestra economía. Según estudios recientemente efectuados, Panamá también figura desafortunadamente como una de las economías con la mayor informalidad (“Shadow economía”) en el mundo junto a países como Azerbaiyán, Bolivia, Tanzania, Zimbawe. Por cierto, Austria, Japón, Luxemburgo, Estados Unidos e Inglaterra figuran entre las naciones con menores economías informales.
De paso, economía informal se define como la producción de bienes y servicios con el propósito de evadir el registro de las autoridades pertinentes para evitar
pagos como impuestos y contribuciones y el cumplimiento de normas laborales, entre otros requerimientos.
Igualmente, implica la intención de evadir el cumplimiento de normas laborales que incluyen salario mínimo, vacaciones y prestaciones, entre otras.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aproximado el nivel de informalidad de un total de 162 economías. De acuerdo con los estudios hechos por este organismo, los países en vías de desarrollo tienen una economía informal que en promedio equivale al 28% de su producto interno bruto (PIB), mientras que las economías desarrolladas presentan un promedio de 19%. Según este informe, Panamá tiene un costo elevado de informalidad por encima del promedio de los países en vías de desarrollo.
Entre los factores que explican esta propensión a la informalidad figuran las tasas impositivas que aplican los países a las empresas, personas naturales o al consumo. En Panamá ocurre que la tasa efectiva es una de la más bajas y, por ende, atractiva del área; pero según el Banco Mundial (BM), el pago de tributos en Panamá también es uno de los que mayor tiempo y pasos conlleva.
Otra causa de la economía informal son las regulaciones laborales. En el caso de Panamá existen evidencias que plantean que es una de las más onerosas del área y, a pesar de que esto no ha impedido lograr niveles históricamente bajos de desempleo, también ocurre que el país tiene una de las mayores tasas de informalidad laboral en el continente (más de 450,000 personas, según la última encuesta de hogares).
Otro factor es la calidad de los servicios públicos, en particular, en el caso de Panamá, en lo concerniente a las prestaciones, la baja calidad de programas como el de Enfermedad y Maternidad que ofrece la Caja de Seguro Social (CSS).
La calidad subóptima del servicio que se ofrece a los cotizantes constituye por ende un desincentivo para que las empresas y trabajadores formalicen su actividad económica.
Casi todo lo anterior es esencialmente resultado de las llamadas deficiencias institucionales, lo que impide de paso que se logre el objetivo de mejorar la capacidad productiva de toda la economía panameña. De allí la imperiosa necesidad de aplicar verdaderas políticas que incentiven una mayor eficiencia del Estado y la burocracia en particular.
También cabe sugerir la posible flexibilización de algunas normas laborales, aunque debe admitirse que se trata de un aspecto sensible políticamente, lo cual probablemente implicaría como decisión estratégica atacar otras aéreas como la simplificación del sistema tributario y el mejoramiento de los programas que ofrece la Caja de Seguro Social.
Igualmente, implicaría políticas sectoriales para estimular consecuentemente la formalización de pequeñas y medianas empresas a través de incentivos crediticios que estimulen el funcionamiento de estas actividades comerciales.
Este mejoramiento institucional generaría un círculo virtuoso tal que, a mayor formalidad mayor calidad empresarial y laboral aumentando a la vez las fuentes de ingreso del Estado, recursos estos que se pueden invertir ahora en mejorar la capacidad productiva del país.
