¿Para qué podar las ramas, cuando el tronco está podrido?

Como si se tratara de una hazaña, los magistrados del Tribunal Electoral dan cuenta de las reuniones celebradas por la flamante Comisión de Reformas Electorales. Así nos hemos enterado que van por 40 y que se han reunido durante diez meses, para seguir gastando las páginas del Código Electoral de tanto “manosearlas”. Y al ritmo que van, todavía podrían consumir otras 20 o 30 semanas más, antes que veamos el raquítico fruto de sus deliberaciones, en una nueva versión del “parto de los montes.”

No una sino muchas veces he señalado que esas reuniones, que cuestan mucho dinero, de muy poco sirven. Se malgasta tiempo en discusiones bizantinas, mientras se evita entrar a fondo en los temas que se deben atacar para dar un vuelco, para mejor, a nuestro torcido sistema electoral. Además, el producto de tantos debates, como ha ocurrido en el pasado, termina en manos de la Asamblea, que lo tuerce y retuerce a su antojo, para mantener los privilegios y control de la partidocracia, de la que todos son parte, sean de gobierno o de oposición.

Las reformas que necesita nuestro sistema electoral son harto conocidas: 1) Eliminar la monumental inmoralidad de los subsidios entregados a los partidos. 2) Abrir el compás, pero de verdad y no en apariencia, a las candidaturas independientes para que puedan competir, en igualdad de condiciones, con las sociedades de intereses que son los partidos. 3) Acabar con el secretismo cómplice que defienden los partidos y patrocina el TE, en las contribuciones privadas a las campañas políticas. 4) Restablecer la elección de diputados por provincias. 5) Instituir la elección de los gobernadores. 6) Limitar a 60 los diputados a la Asamblea Nacional (Costa Rica con más habitantes que Panamá tiene 50). 7) Instituir, de una vez por todas, la doble vuelta, para que se acaben las “nefastas alianzas”, descaradas componendas en las que, por anticipado, parten y se reparten los altos cargos y las “parcelas” presupuestarias. 8) Establecer la “revocatoria de mandato”, por los electores no por los partidos, para todos los cargos de elección popular, especialmente la presidencia de la República.

¿Sobre esos temas, que son los fundamentales, se ha producido algún resultado concreto? Absolutamente, no. Una reciente información procedente del “triunvirato electoral”, que indebidamente actúa de “juez y parte interesada”, anuncia que están a punto de entrar “en la recta final” del proceso de revisión del Código Electoral, pues ya “han cumplido con el 90 % por ciento de la agenda” y solamente faltan “retoques de estilo”. Por consiguiente, muy poco podemos esperar de esta nueva edición del “proceso de reformas electorales”, ejercicio recurrente de frustración que se repite como un ritual intrascendente cada cinco años.

Para construir una verdadera democracia importa que los votos se cuenten escrupulosamente. Pero mucho más importante es que las reglas que gobiernan el proceso electoral garanticen la participación justa y equitativa de todos los sectores de la sociedad, se aseguren la transparencia y se cierren las puertas a las componendas politiqueras criollas características de nuestro país, en donde los partidos, antes que canales adecuados para la formación y participación de la ciudadanía son “maquinarias de intereses que engrasamos con dineros públicos” para que sigan sirviéndose del poder.

Para cambiar ese funesto panorama, de nada sirve seguir podando las ramas, cuando el tronco es el que está podrido.