Periodismo en canje
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, no consideró en su reciente informe sobre el estado actual de la libertad de expresión todo lo inconstitucional e ilícito que representa el tráfico de influencias concertado por el canje de puestos directivos de medios de comunicación con los gobiernos. El escrutinio de la SIP es unilateral y externo, razón por la cual no investiga lo que ocurre por dentro de algunas empresas periodísticas.
La SIP debería indagar, por ejemplo, las cuotas de poder público que usufructúa el diario La Prensa y canales de televisión como canje del convenio espúreo de infamar a los gobiernos que no se rinden a la entrega de cargos bien remunerados de la administración pública y darle apoyo periodístico al gobierno sumiso por sus contribuciones mediáticas. Bajo los términos de esta clase de acuerdos, directivos del diario han sido nombrados embajadores en Italia y España y otro podría ser designado contralor, con apoyo del gobierno.
No es la primera vez que se efectúa el canje de apoyos periodísticos a gobiernos como se produjo durante los mandatos de Ernesto Pérez Balladares. Como no se doblegó a la venta de patio, el gobierno de Ricardo Martinelli fue blanco del sistemático ensañamiento periodístico que ahora se salda con beneficios de la nueva administración de Juan Carlos Varela. Pero las cláusulas del clandestino arreglo exigen la continuidad de la desinformación y la malevolencia de la opinión, tal como se advierte en las audiencias contra diputados de Cambio Democrático, el magistrado Moncada Luna, de la Corte Suprema de Justicia, y otros funcionarios.
Los medios conjurados usurpan funciones de la administración de justicia, denunciando, procesando y sentenciando virtualmente, llegando al extremo de armar espectáculos denigrantes de los derechos humanos y la presunción de inocencia.
La Constitución establece que toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito, o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación de las personas o contra la seguridad social o el orden público.
El Código Penal configura los delitos contra el honor de la persona natural. Sin embargo, irresponsablemente, hay medios que se prestan al envilecimiento ético y legal de las normas protectoras del debido proceso, la presunción de inocencia, las garantías constitucionales y procesales. En cumplimiento de los acuerdos de intercambio de intereses creados, no se vacila en contaminar la opinión pública, construyendo escenarios de prejuzgamientos de las personas imputadas.
Panamá está enfrentando un pernicioso eclipse de las garantías constitucionales excitado por fraudulentas transacciones de medios y gobiernos. Detrás de las movilizaciones de reporteros y camarógrafos están órdenes de los altos mandos de los grupos económicos que no le perdonan al gobierno de Martinelli haberlos obligado a pagar impuestos y marcar una línea infranqueable entre intereses económicos e intereses sociales.
No se respeta el equilibrio informativo. Solo se divulgan las informaciones de los profesionales de las denuncias y las opiniones de los que no salvaguardan el código de ética y responsabilidad profesional del abogado, creyendo que tienen licencias para linchar. El Estado de derecho les tomará cuentas en su momento.
