Perniciosa práctica
La perjudicial práctica de cerrar calles se ha convertido en algo cotidiano en Panamá. Al menos 15, en diferentes puntos del país, se han registrado solo durante la última semana por variadas causas. Todo ante la mirada impávida de las autoridades, que por mandato de la Constitución Nacional y las leyes, tienen la obligación de garantizar el libre tráfico de los ciudadanos. El artículo 17 de la Constitución Nacional, que ordena a las autoridades proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y el 27, que consagra el libre tráfico por el territorio nacional, se han convertido en letra muerta. Los ciudadanos tenemos que pagar a diario por la ineficiencia de alguna institución, de determinado funcionario e incluso de empresas privadas que incumplieron sus obligaciones o compromisos.
En Panamá impera la cultura del cierre de calles, que afecta drásticamente la economía nacional y la imagen internacional del país. Es un círculo vicioso que ha sido fomentado por los propios servidores públicos que ya no atienden ninguna queja o solicitud si no es a las malas.
Los ciudadanos nos hemos convertido en rehenes de los grupos que cierran calles, nos agreden físicamente y provocan daños a nuestros vehículos en presencia de la impasible Policía Nacional. La situación ha llegado a este extremo porque las autoridades invirtieron el orden de las acciones, primero permiten el cierre y la violencia, para después dialogar y prometer soluciones.
Es tiempo ya de que rompamos con este patrón de comportamiento. Mal ejemplo le estamos dando a las futuras generaciones, inculcándoles que solo a través de la fuerza podemos hacer valer nuestros derechos. La tarea debe empezar con un cambio de mentalidad en el engranaje gubernamental.
