default

¡Pero puede terminar bien!


Si para algo puede servir la intempestiva salida del “comisionado constitucional” es para corregir, cuando aún hay tiempo. El asunto comenzó mal, pero puede terminar bien; siempre y cuando que los “padres de la criatura” corrijan el rumbo. La Constitución promulgada en 1904, consecuencia lógica del Acto Independentista de 1903 es, ciertamente, la auténtica Constitución (las posteriores de 1941, 1946, 1972 y el Acto Constitucional de 1983, aunque los “puristas jurídicos” las consideren como “constituciones”, en estricto sentido común, son “reconstituciones”), pues fue la que “constituyó” al Estado Panameño.

Este enfoque, lo sé, se presta para la polémica y, tal vez, en otro momento valga la pena abrirla; pero no ahora. Sólo apunto, para que se tenga en cuenta que la Constitución de EE.UU. sigue siendo la aprobada originalmente, sin importar que haya sido reformada por un muy importante número de “enmiendas”. La Constitución de 1904, que rigió hasta 1941, fue objeto de 5 actos reformatorios y, tal vez, pudo ser reformada otra vez, para seguir mejorándola. Si ello no ocurrió fue debido a que al presidente Arnulfo Arias le motivaban su deseo de “reforzar su autoridad presidencial” y extender su mandato a 7 años. Aunque la fórmula de 1945, de “una Asamblea Constituyente”, la generó la crisis política de la época, el resultado, al encomendar a 3 distinguidos juristas, Ricardo J. Alfaro, José Dolores Moscote y Eduardo Chiari, la preparación del anteproyecto, no pudo ser mejor. La Constitución de 1972 fue el producto de la dictadura imperante y la vía del régimen militar para “tratar de legitimarse”. Ese estatuto constitucional, aunque siga identificado como la Constitución de 1972, en sentido estricto ya no existe. De enmendarlo, para bien, se ocupó el Acto Constitucional de 1983, por el que, es oportuno repetirlo, según la opinión del constitucionalista, Dr. César Quintero, nació una “Constitución distinta”. El Acto Constitucional de 1983 fue el producto del trabajo patriótico de una “representativa y altamente calificada Comisión de Juristas”, impulsada por el entonces comandante Paredes, que presidió Jorge Fábrega, a quienes, es mi opinión, aún debemos un registro objetivo de su aportación. Si el experimento de 1941, por personalista culminó en crisis, las fórmulas de 1946 y 1983 y sus resultados comprobaron el acierto de su escogimiento, entonces, viene a cuenta preguntar: ¿Por qué ahora, se ha tratado de innovar con una fórmula tan contraproducente? Si al gobierno le interesa y considera importante o urgente reformar la Constitución, debe decirlo claramente, indicando qué y para qué. Y luego, invitar a construir un consenso nacional, convocando a una comisión políticamente representativa para que dé forma y contenido al anteproyecto de Acto Constitucional, como se hizo en el pasado, con garantizada eficacia.