Persecuciones

Con los nombramientos de contralores y procuradores, el régimen panameñista- perredista disparó el pistoletazo de la partida de persecuciones políticas descargadas contra funcionarios del gobierno de Martinelli. La espectacularidad mediática de los allanamientos de residencias entre gallos y medianoche y las indagatorias a exministros precedidas por imputaciones desaguadas en el tribunal de la televisión de propiedad de contribuyentes de campaña riñe abiertamente con las garantías constitucionales del debido proceso. Va a ser muy difícil borrar de la memoria colectiva las imágenes de los detenidos con esposas, como si se tratara de vulgares delincuentes comunes. A los pandilleros les permiten que oculten el rostro. Pero se les abre el paso a los camarógrafos de la televisión amiga para que filmen a los ciudadanos esposados y que las imágenes las repitan una y otra vez. Al abuso de autoridad del Ministerio Público se incorporan los ultrajes de los medios de comunicación.

El Ministerio Público se refugia en el derecho a la intimidad lesionado por los pinchazos telefónicos, pero no saca la cara en defensa de los atropellos al debido proceso; el derecho a la imagen, el derecho de la presunción de inocencia, el derecho de los abogados defensores para dialogar con los detenidos, el derecho de citar a los imputados en horario diurno. La violación del debido proceso tiene una clara, irrefutable, causal; persecución política, investigaciones y procesamientos que a priori se desafilian del ordenamiento jurídico.

En esta perspectiva de encarnizamiento contra los opositores, el contralor Humbert ha creado una división dedicada a políticos de alto perfil, según alardea para justificar su nombramiento por diputados regimentados. Antes de investigar, adelanta opiniones; antes de nombrar cuadrillas de auditores calculadamente contratados para descubrir la aguja en el pajar, él ya sabe que va contra todos los responsables de alto perfil. El pez muere por la boca.

La opinión pública está estupefacta por los contrastes de las persecuciones políticas y la impunidad de la delincuencia: mientras bandas del crimen organizado levantan falsos retenes a la vista y paciencia de la policía para secuestrar empresarios, las autoridades se dedican a la cacería de brujas. La economía se mueve a ritmo de tortuga. No se ven nuevas inversiones privadas. Se cierran empresas por el sublime delito de haberse instalado durante el periodo de Cambio Democrático. La inflación se va a las nubes impulsada por el alza de las tarifas de la luz. Los buhoneros son lanzados al despeñadero del desempleo. El gobierno compra arroz pilado en el extranjero, sin licitación, en tanto los productores agrícolas caen en picada. La desaceleración económica es lo único que marcha con rapidez. La Zona Libre de Colón se está cayendo a pedazos por las deudas de Venezuela y los altos aranceles colombianos. Los economistas estiman que los sectores más perjudicados por la desaceleración son el agrícola, la energía, el comercio, la banca, el Canal, los servicios logísticos.

Pero el gobierno panameñista-perredista tiene una fertilidad sorprendente para los juegos de distracción de los problemas medulares de la nación. Pretenden los estrategas de la manipulación política que la gente se distraiga con el montaje de los shows mediáticos. Pero el régimen injuria la inteligencia de los panameños.

La gente no es boba y sabe por dónde van las cosas. No hay mal que dure más de cinco años.