Pescadores, pescados
El establecimiento de reglas y disposiciones legales siempre producen ronchas e incomodidad entre los grupos afectados por cualquier norma jurídica que quiera establecerse.
La iniciativa oficial de prohibir todas las formas de la pesca palangre: (superficial, de media agua o de profundidad) consignada en el Decreto Ejecutivo No.486 de 28 de diciembre de 2010, ha exacerbado los ánimos de un grupo de panameños que consideran que la medida les voltea la paila.
Empero, fuentes oficiales señalan que el decreto en mención fue debidamente consultado con todos los sectores y que el mismo lo que busca es evitar que se acabe con la vida marina en aguas panameñas.
Aseguran que la disposición se fundamenta en que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias para la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos marinos generados de la pesca de animales de mar, peces crustáceos y moluscos, entre otros.
El palangre es un arte de pesca que comprende una o varias líneas de cables dotados de anzuelos, que son arrojados al mar para la captura de peces de gran demanda en el mercado local e internacional. Sus detractores aducen que en los anzuelos caen especies en peligro de extinción.
La medida adoptada por la administración Martinelli ha sido considerada como positiva por diversas organizaciones ambientalistas y de pesca deportiva que apoyan la protección de las especies marinas afectadas por el arte del palangre.
The Billfish Foundation, Ocean Research, Guy & Gillian Harvey y Sportsman, felicitaron al gobierno de Panamá por la medida dirigida a proteger los recursos ictiológicos.
Sin embargo, la semana pasada pescadores de las flotas afectadas por el decreto 486 que ordena la prohibición del uso del palangre en aguas jurisdiccionales de Panamá protagonizaron protestas en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Cinta Costera, la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional.
Previamente, la Asociación Panameña de Exportadores (APEX) consideró que la iniciativa podría llevar a la “bancarrota” a la industria pesquera y tildó la medida de "inconsulta, sorpresiva y nefasta".
Se estima que la ejecución del decreto generaría pérdidas de aproximadamente 65 millones anuales en las exportaciones.
Frente a esta situación debe imperar diálogo y la consulta entre las partes, llámese sector pesquero, expertos en temas oceánicos y representantes del gobierno, en la búsqueda de una salida al conflicto y evitar que los pescadores terminen como pescados.
