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El Programa de Desarrollo Comunitario (Prodec) ha sido un ejemplo de mala administración, despilfarro y corrupción desde su nacimiento.
Las denuncias de sobrecostos, obras hechas con materiales de pésima calidad, trabajos inconclusos o mal hechos, empresas fantasmas y compadrazgo en la asignación de contratos, son apenas una parte del rosario de irregularidades que han acompañado este programa a través de los años.
Lo que nació como una posibilidad de llevar desarrollo a las comunidades apartadas del interior del país, mediante la utilización de los excedentes del Canal de Panamá, se convirtió en una especie de botín político.
Y a pesar de las denuncias que han hecho durante años las comunidades que fueron burladas con proyectos brujos y los medios de comunicación social, ninguna autoridad competente ha efectuado una investigación seria.
Parte del dinero de la vía interoceánica que debió llegar a los más necesitados terminó en los bolsillos de políticos y empresarios allegados al Gobierno de turno.
En la administración anterior el detalle de la asignación y cumplimiento de los contratos, así como el desembolso del dinero, fueron manejados de espalda a la transparencia.
Siempre hubo algún subterfugio para evitar que los medios de comunicación o los particulares hurgaran en las finanzas del Prodec, esto con la complicidad de la Contraloría General de la República.
No hay justificación para que este atropello a los fondos públicos continúe impune.
Muchos de esos abusos pueden ser investigados penalmente todavía, lo único que hace falta es que las autoridades pertinentes cumplan con el deber constitucional y legal que les corresponde.
