Pinchazos, ahora y antes
Losdebates que se desarrollan en el planeta respecto a si es, o no, lícito interceptar los teléfonos de los ciudadanos bajo cualquier pretexto, resultan necesarios y saludables para la vida democrática de cualquier nación. Es una práctica cuestionable cuando de ciudadanos honrados se trata, pero qué pasa cuando el propósito es combatir el crimen organizado.
En Panamá tal acción está normada por la ley, pero nada honrado resulta validarlo para un caso o negarlo para otro. Se ha pedido, por ejemplo, investigar al presidente de la república por una de las cuestionadas afirmaciones de los llamados wikileaks en los que se afirma que él habría pedido a Estados Unidos apoyo o ayuda para interceptar los teléfonos de políticos.
No median evidencias ni reconocimientos públicos de parte de la embajada norteamericana respecto al tema, pero ya se ha solicitado la investigación, curiosamente proveniente de los mismos sectores que en su momento criticaron a las autoridades por censurar las comprobadas interceptaciones telefónicas que realizó la ex procuradora Ana Matilde Gómez, y que afectaban procesos en marcha. ¿Por qué para unos sí y no para otros? Nada debe atentar contra la convivencia pacífica de la sociedad, y menos contra la aplicación de sus leyes, ni asumir de manera parcializada y sin evidencias culpabilidades inexistentes.
