Pobreza y riqueza nacional
La pobreza no es un designio de Dios, sino el producto de las injusticias sociales. Lo dijo Juan Pablo II y le creo. Hace unos días me comentaba un pariente, que en 2012, su empresa había botado a decenas de compañeros, rebajado el salario a otros, aumentado la carga laboral a todos y, finalmente, su jefe se compró en diciembre pasado, un nuevo jet familiar. Esa es la actitud habitual de la empresa privada.
Sin embargo, cada vez que a lo interno de las cúpulas partidarias se debate sobre los subsidios estatales que se esfuerzan por redistribuir de manera más justa la enorme riqueza nacional, hay notables financistas que opinan que esto no puede ni debe continuar. Se oponen al subsidio del petróleo, a la electricidad, a los alimentos, a la beca universal, a los 120 para los 70, a la red de oportunidades, a la ayuda al discapacitado y su familia, al aumento general de salarios, a todo lo que no sea dirigido a sus cuentas bancarias, patrimonio personal, familiar o grupal.
Yo no escuché ninguna voz de disgusto cuando desde hace algunos años en todos los países más desarrollados de América, Europa y Asia se vienen asignando billones de dólares para rescatar a las megaempresas que no son más que cascarones vacíos, llenos de incapaces acostumbrados a jugar y a disfrutar de los recursos de otros. Tampoco se oye ningún estertor plañidero cuando en nuestra tierra se les vende terrenos, montes, infraestructuras, aeropuertos, lagos, valles y selvas o se les adjudican en concesión contratos para que brinden servicios por una milésima parte de su valor real. O se les paga con extraordinarios sobrecostos por bienes y servicios realizados, durante todas las administraciones desde 1903. Así ¡quién carajo no se hace millonario y se convierte en un extraordinario personaje exitoso!
Solo le pido a este pueblo que mire bien por quiénes votará en las próximas elecciones. Las doctrinas social demócratas e incluso liberales, que preconizaban que todos tenemos derecho a la felicidad, ya que cada quien debe llenar el sentido de sus vidas, ya han sido cambiadas en los grandes partidos políticos del país. Ahora la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el trabajo, la vestimenta y la recreación han dejado de ser derechos universales irrenunciables para convertirse en bienes y servicios tutelados por el Estado, en donde cada quien no recibe de acuerdo a sus demandas y esfuerzos, sino a la capacidad económica personal o a la prioridad que los gobernantes de turno le asignen a sus necesidades.
