Polémica decisión
El presidente de la República ha admitido una y otra vez que, en sus dos primeros años de administración, ha cometido errores.
Tres de ellos fueron la aprobación a tambor batiente de la “Ley Chorizo”, las reformas al Código Minero y el nombramiento, a pesar de las críticas de la sociedad, de un cercano colaborador, como magistrado de la Corte Suprema de Justicia que, tan solo con un año en el cargo, debió renunciar tras ser involucrado en un supuesto plan para sacar del cargo a la exprocuradora de la Nación.
Errar es de humanos y corregir también; sin embargo, el mandatario parece empeñado en gobernar el país en abierta confrontación con la sociedad civil.
Con la aprobación de la ley que crea la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, tres nuevos magistrados deben ser nombrados, con sus respectivos suplentes, para ocupar esos importantes cargos.
Los miembros del Consejo de Gabinete ya han tratado el tema y le han recomendado al presidente que mantenga su facultad para seleccionar y designar a las figuras que él crea conveniente, obviando una preselección que ayudaría a elegir a los mejores profesionales.
La Corte Suprema de Justicia es una institución cuya imagen ha sido minada por graves y constantes denuncias de corrupción en los últimos meses, por lo que urge un verdadero adecentamiento.
Representantes de la sociedad civil organizada del país han vuelto a levantar su voz de protesta para exigir que la designación de los tres nuevos magistrados sea sometida a una amplia consulta.
El gobernante y sus ministros tienen la última palabra. Pueda ser que, en corto tiempo, el país no vuelva a presenciar otro acto bochornoso.
