Policía en debate
Dos miembros de la Policía Nacional son acusados del delito de homicidio doloso por la muerte de dos niños en circunstancias reñidas con el protocolo sobre el uso de armas. La reacción de las autoridades ante el hecho demuestra que dentro de las reglas del debido proceso se investiga la realidad del lamentable suceso y que los responsables de los disparos recibirán las sentencias que señala la ley. Como es previsible, diversos sectores de la sociedad civil expresan justa indignación por la muerte de los niños indostanos con respaldo de instituciones y personas que demandan garantías contra extralimitaciones de las unidades nacionales en retenes y hechos de la vida cotidiana.
Es menester ponderar la situación dentro del contexto de la actuación policial. Cuatro policías no representan la totalidad de la institución. Resulta irresponsable y temerario involucrar a los policías que diariamente combaten el delito, capturan delincuentes peligrosos, incautan toneladas de drogas, arriesgan la vida en operativos en las zonas rojas, preservan el orden público bajo lluvias de proyectiles, defienden la soberanía territorial en las fronteras contra subversivos y narcotraficantes. Para una correcta apreciación del desempeño de las unidades policiales en la protección de los derechos de panameños y extranjeros que residen en el país, los indostanos, entre ellos, hay que tomar en cuenta la realidad del día a día. Se protege la propiedad privada de personas naturales y jurídicas, sin distinciones de raza, religión, sexo, nacionalidad, conforme a los dispositivos constitucionales.
Por motivos electorales, ciertos partidos de oposición politizan los sucesos y descargan críticas oportunistas al gobierno. Inclusive militares de la dictadura, partidos y aliados apendiculares que arrastran inexorablemente el funesto pasado criminal de las fuerzas de defensa, lanzan invectivas como si fueran inocentes palomitas. La policía actual está organizada bajo parámetros legales y reglamentarios para la expulsión de elementos indeseables, y el reentrenamiento permanente de las unidades en su relación con la sociedad civil.
Las denuncias se admiten y procesan dentro de términos aceptables, sin tener que aguardar décadas para que se reabran casos criminales de triste recordación. La opinión pública no olvida los asesinatos de militares contra sacerdotes, obreros, estudiantes, políticos, sin que hasta el momento se conozcan disculpas públicas de los herederos de la política cuartelaria y sus socios que dominaron el país y violaron impunemente los derechos humanos por 20 años. Los verdugos y sus cómplices carecen de autoridad moral para execrar ahora los crímenes y abominaciones que perpetraron ayer.
Existe la voluntad y los medios legales para procesar a los culpables de la inexcusable violencia de cuatro unidades policiales. El director de la PN, Julio Moltó, se ha comprometido a llevar el caso dentro del debido proceso. La diferencia cualitativa del Estado de Derecho y los regímenes totalitarios estriba, entre otras cosas, que en la democracia se respeta la ley y se sanciona a sus infractores, mientras que en la dictadura inconstitucional se programan los crímenes como la única manera de atornillarse en el poder.
