Políticas públicas y decisiones
Entendidas como el conjunto de lineamientos que configuran y direccionan el cómo y el quehacer del Estado, las políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad demandan un muy serio examen para contribuir a la toma de decisiones acertadas en este campo.
En las últimas décadas, nuestro país ha desarrollado sus políticas públicas bajo el enfoque de la focalización o políticas específicas, no solo para el tema de la discapacidad, sino para el resto de los grupos vulnerables, mujer, niñez, juventud, entre otros.
Luego de abandonar el modelo rehabilitatorio y segregativo de atención, no pocas han sido las discusiones sobre cuál es la mejor manera para impulsar el desarrollo de las personas con discapacidad. Esta discusión gira en torno a disyuntivas como: transversalización versus focalización, entidades verticales versus entidades horizontales.
El principio de transversalización se contrapone al de focalización; el primero supone la supresión de toda entidad dedicada a la atención específica de una población determinada para dar paso a una atención en que cada entidad del Estado brinda el servicio que corresponde según sus competencias.
La focalización, que supone la atención especializada a través de alguna entidad, argumenta que a través de estas se garantizan servicios especializados, personal técnico, pero ante todo la separación de un presupuesto del Estado, que pudiese diluirse o hasta perderse con la aplicación de políticas transversales, al quedar incluido en distintas entidades. A la focalización se ataca su carácter segregacionista, en tanto que a la transversalización se le acusa de promover políticas economicistas destinadas a eliminar servicios, a fin de minimizar costos.
La disyuntiva entre verticalidad versus horizontalidad tiene que ver con el lugar que ocupa la entidad dentro de la estructura del Estado y su nivel de eficacia en el cumplimiento de sus tareas. El carácter vertical de tales entidades, (entidad adscrita a la presidencia) implica quedar dependiendo de los vaivenes políticos, pero su carácter mandatorio posibilita cumplir con mayor eficacia la misión de promover el cumplimiento de los servicios que corresponden a cada institución.
El carácter horizontal de tales entidades (autónoma o adscrita a algún ministerio) se le dificulta cumplir con eficacia la misión de impulsar la transversalización de los servicios, ya que suele no reconocérsele como autoridad dentro de la estructura estatal de otro lado; la naturaleza autónoma de tales entidades garantiza su permanencia dentro del Estado.
