Políticos en una marcha
En la marcha de los periodistas del martes, muchos políticos tuvieron el descaro de asistir; algunos de ellos, con sus acciones, obstaculizaron el ejercicio de la profesión y abusaron de colegas.
Fue Carlos Ernesto González de la Lastra, quien debió ser indagado en una Fiscalía por retención ilegal de cuotas de la CSS a los empleados del desaparecido diario El Universal. Mientras cobraba 12 mil dólares mensuales como gerente y director, su personal (incluyendo periodistas) perdían sus casas, automóviles y huían de los juicios coactivos.
En tanto, Juan Carlos Navarro, es uno de los que llama a los dueños de medios cuando las noticias no le favorecen. Lea el expediente del caso de Rayo Montaño y se dará cuenta de por qué. Se le culpa del despido de un fotógrafo que captó la imagen de su hijo, quien conducía ebrio e iba en contravía.
También estaba Milton Henríquez, quien en una ocasión fue director de noticias en RPC Televisión. Sin ninguna experiencia periodística despidió colegas, basado en criterios falsos.
Y en la última esquina estaba Balbina Herrera. Casi acabó con la Oficina de Prensa del Legislativo en 1994.
Cuando le pidieron que no despidiera a dos periodistas de la Asamblea Nacional, respondió que se fueran al Ministerio Público para que los nombrara el antiguo procurador, José A. Sossa, aduciendo supuesta simpatía por la democracia cristiana de los colegas en 1994.
Se trataba de una marcha para reivindicar los derechos de los periodistas a ejercer su profesión sin presiones ni ataques.
Pero como siempre, políticos usan cualquier tema para proyectarse y ganar notoriedad con falsas expectativas.
Ninguna de éstas personas tenían la solvencia moral de participar en esa marcha, ya que ellos contribuyeron de una forma u otra a obstaculizar la libertad de expresión y afectar a los periodistas.
