Politización del TE
Las decisiones del pueblo soberano no pueden estar en manos de magistrados electorales abiertamente politizados. El pueblo se expresó en las urnas el 4 de mayo ejerciendo el derecho de elegir a sus representantes. Anular el veredicto popular significaría cercenar la validez de los votos emitidos libremente con decisiones personales teñidas con los colores de un partido conocido por sus artimañas. La subjetividad política de la entrega de credenciales a dos candidatos a diputados del PRD deberá ser derogada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encargada por disposición constitucional de sancionar las faltas de los miembros del Tribunal Electoral (TE).
La arbitrariedad de Erasmo Pinilla y Eduardo Valdés fundamenta la reacción crítica de Cambio Democrático (CD) que protestó enérgicamente frente al local con la presencia del expresidente Ricardo Martinelli. El rechazo se volcará a la CSJ demandando la revocatoria de los fallos del TE, por la entrega de credenciales a militantes del PRD, que constituye una prueba de parcialidad política. Se exige la renuncia del magistrado Pinilla porque no puede administrar justicia electoral alguien reñido con la objetividad apolítica. Sus discursos y opiniones son pruebas suficientes para declararlo impedido.
Un funcionario probo no puede administrar por odios y simpatías políticas. Como magistrado del TE está obligado a conservar siquiera la apariencia de la imparcialidad. Como se siente por encima de las normativas legales se hace necesario que la CSJ lo ubique desde el punto de vista constitucional.
El secretario de CD, Rómulo Roux, manifiesta que el problema de la objetividad radica en que Pinilla yerra al opinar sobre asuntos que no le competen como magistrado y cambiar de posiciones a favor o en contra, conforme a la subjetividad partidaria que cuartea la independencia del organismo electoral.
El magistrado Heriberto Araúz, prestigioso constitucionalista, salvó su voto sobre la entrega de credenciales porque estima que el artículo 347 del Código Electoral prohíbe extender credenciales a ningún candidato cuyo derecho a ser proclamado pudiera ser afectado por demandas de nulidad pendientes de decisión.
Sin embargo, Pinilla alineó su decisión con el proyecto de reformas electorales presentado por diputados del PRD. Por lo menos debió esperar que el proyecto fuera discutido por la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional. No se trata de una simple coincidencia, sino de una clara sincronización con las ambiciones legislativas del PRD.
Este es un adelanto político de la estrategia antidemocrática contra la voluntad popular manifestada en el pasado mes de mayo, que le entregó el Órgano Ejecutivo al panameñismo y a CD, el mayor número de diputados con el plan maestro de fabricar una apócrifa mayoría parlamentaria. En otras palabras, se habría fraguado un fraude electoral de incalculables repercusiones, que en el pasado, otras autoridades del TE, durante la dictadura, anularon el resultado de las elecciones generales favorables a Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. Creíamos que la democracia había superado esas mañas, pero podrían reaparecer si la administración de justicia electoral se dicta con fines distintos al resultado de las elecciones.
