Por más que se oculte, la verdad siempre sale a flote
Para nadie es un secreto la enemistad entre Pérez y Mulino.
Este último, a pesar de haber advertido públicamente que no era un hombre de renuncias, debió dejar el cargo por el cuestionado manejo que hizo de las protestas indígenas, sin embargo, en este caso se asoma un acto de insubordinación que afecta la institucionalidad panameña.
La actitud de Pérez en claro desafío a las decisiones del Gabinete contradicen la esencia del cargo: ¿con qué moral exige respeto y disciplina a sus uniformados si él mismo no la practica con su superior? De esa forma violó los conductos regulares para hacer valer la posición institucional como lo señala la ley orgánica. Esta actitud del director merece su destitución.
Por otra parte, reconsiderar el proyecto de ley en Consejo de Gabinete es una acción improcedente, lo correcto era dejar que llegara el proyecto a la Asamblea Nacional para su discusión, y en todo caso matar el proyecto en primer debate.
Ante los hechos, ¿cómo se puede interpretar la forma de proceder del presidente cuando afirma por Twitter que el proyecto no va, pero, a las pocas horas, se contradice al reconsiderar el proyecto? En el mismo comunicado el presidente elogia el trabajo de Pérez, no obstante, reprende las valoraciones públicas que hace el director ante los medios. Una contradicción tras otra, que dejan en entredicho el asesoramiento que recibe el Ejecutivo en temas delicadísimos.
Además, muestra una vez más las constantes contradicciones en las acciones y proceder del Ejecutivo mermando la credibilidad institucional, y, por ende la gestión de trabajo y ni hablar de la popularidad.
La Policía enfrenta serios problemas de institucionalidad debido al irrespeto en la jerarquización, pareciera que un grupo estuviera usurpando el poder, y cuando se viola la institucionalidad se crea un problema de mando.
Un tribunal independiente podría ofrecer garantías tanto a los uniformados como a los denunciantes, en cambio, una dirección de responsabilidad profesional (DRP) donde la policía investigue y juzgue a su homólogo puede utilizarse como una herramienta de control o extorsión a los subordinados.
Con estas consideraciones, además de evaluar la gestión y efectividad de la DRP de la Policía Nacional, es válida una pregunta clave para el análisis del tema: ¿de los dos mil uniformados destituidos, cuántos están a órdenes de las autoridades competentes? Gustavo Pérez justificó los despidos del 20% de sus uniformados aduciendo actos de corrupción y delitos graves, entre otras cosas.
No obstante, hasta ahora, no se conoce el estado de la averiguación de estos supuestos delincuentes ante la Procuraduría.
Periodista.
