¿Por qué nadie habla de esto?
Los estudios clínicos realizados en varios países revelan que las personas que ingieren alimentos con alto contenido residual de plaguicidas pueden padecer serias complicaciones de salud: diarrea, gastritis crónicas, intoxicaciones, infertilidad, ceguera, atrofias del sistema nervioso y otros males físicos incurables.
El contenido residual de plaguicidas es la cantidad que queda retenido dentro de la piel del vegetal después de la cosecha y que, por su naturaleza de permanencia e insolubilidad, es imposible removerlo o lavarlo del alimento. Recordemos que los plaguicidas son compuestos químicos de moléculas complejas, con una toxicidad específica elevada y una presión de vapor baja, que requieren de un manejo riguroso para evitar causar daños a la salud humana.
La lista de plaguicidas utilizados en producción agrícola es extensa. De acuerdo con datos recientes de la Contraloría General de la República, se importan más de 500 diferentes marcas de plaguicidas, de los cuales un tercio son insecticidas y el resto herbicidas y abonos. Pero más importante es la cifra del consumo que, según estadísticas del MIDA y de otras agrupaciones no gubernamentales que abogan “por una agricultura libre de plaguicidas”, señala que en Panamá se usa anualmente un promedio de tres kilogramos por habitantes. Esta cifra supera en más de seis veces el promedio mundial y está casi tres veces por encima del consumo del conjunto de países de Centro América.
La situación de las intoxicaciones con plaguicidas en Panamá es un problema del que nadie quiere hablar ni mucho menos atender. Existe un informe del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP), emitido a inicios de 1997, que advierte que el uso descontrolado de plaguicidas en el agro “está provocando muertes por causas difíciles de definir” entre asalariados y campesinos. Este estudio contribuyó para que el MIDA prohibiera ese año el registro, importación, formulación, comercialización y utilización en la agricultura de la República de Panamá de más de sesenta clases de plaguicidas altamente tóxicos que hasta entonces habían sido utilizados indiscriminadamente por los productores nacionales.
Han pasado más de trece años desde esa histórica decisión, pero aún no se resuelve el problema medular. En mis constantes peregrinajes a las áreas productivas del país y permanentes entrevistas con funcionarios de campo del MIDA, MINSA, IMA, IDIAP, AUPSA y ACODECO, escucho que la situación cada día es peor, al punto en que muchos nos informan que los propios agricultores no comen las hortalizas que ellos mismos fumigan o mantienen parcelas diferentes para su propio consumo.
Esta ironía, sumada al hecho de que en Panamá aún no se realizan los análisis de contenido residual a todos los alimentos que consumen los panameños, pinta de cuerpo entero la negligencia de las autoridades y la falta de coraje para enfrentar con valentía una situación que actualmente consume vidas y pone en peligros muchas más. Primeramente, el MIDA debe explicar el porqué del uso indiscriminado de plaguicidas en la producción nacional y la inconsistencia en la realización de los análisis de contenido residual. El MINSA, que tiene la responsabilidad constitucional de asegurar la salud de los panameños, debe vigilar y fiscalizar al MIDA para que cumpla con los análisis de contenido residual, e informar cuando algún rubro sobrepasa los límites máximos. También, la AUPSA debe procurar el análisis de todos los productos importados y comunicar oportunamente cada vez que encuentren alimentos con límites inaceptables de plaguicidas. Y, por supuesto, la ACODECO tiene el deber de exigir los resultados de los análisis de contenido residual de los productos nacionales e importados, y publicarlos en los medios de comunicación al igual que hace con los precios y demás información vital de consumo, para así orientar a los consumidores sobre qué alimentos se pueden o no consumir. Y si, por cualquier razón, no obtienen la información por falta de análisis, igualmente deben comunicarlo.
Los consumidores merecemos que nos respeten el derecho universal a una alimentación segura. El uso descontrolado de plaguicidas debe ser investigado y las autoridades tienen que actuar con más determinación en esta materia. No es un capricho que desde hace años le dieron al MIDA la facultad de analizar el contenido residual. La columna de muertes por intoxicaciones de plaguicidas crece cada día. Es una necesidad nacional que lleguemos a la solución definitiva del problema, ya que estamos hablando de la comida que come un pueblo. Y eso no es relajo.
rcarles@cableonda.net
