Por una nueva Constitución
Algunos Gobiernos y Estados de nuestra región de Latinoamérica, no se quedan quietos en cuanto a reformas judiciales, verbigracia, la hermana República de Argentina, cuya presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, acaba de proponer lo que considera una reforma democrática de su sistema judicial, consistente en la elección popular de su máxima autoridad, el Consejo de Magistratura, responsable de los nombramientos de los jueces subalternos.
Igualmente, en México, su gobernante, Enrique Peña Nieto, se ha empeñado en una reforma profunda de su Institución de Amparo, amplia en su función tutelar de los derechos primarios frente al Estado y los particulares. En nuestro país, abogados y juristas no logran entender y comprender que las garantías fundamentales y los derechos humanos requieren y demandan tutela, aun frente a los particulares. En esta materia, Argentina nos lleva cancha.
En varias ocasiones, he denunciado que la institución tutelar de la libertad, en nuestro medio, se ha quedado corta, y citaba el caso del Perú, al decir de un distinguido jurista, abarca hasta el acoso policial y domiciliario.
Cierto que estamos a poco meses de entrar en los prolegómenos del quehacer electoral, lo que saca de escena toda posibilidad de un evento plesbicitario, tipo constituyente paralela, de tal suerte que nos aboquemos a un cambio integral de nuestra Constitución Nacional, que nos lleve a nuevos paradigmas y forma de relacionarse de los ciudadanos y viceversa.
En nuestro país, lamentablemente, los ciudadanos no logran adquirir o tener como dato de cultura democrática que la cuestión constitucional no es patrimonio de abogados y juristas. Eso sí lo comprendieron los juristas designados por el Gobierno Nacional para que trabajaran en una reforma integral de la Carta Magna. Ellos abrieron el marco a la participación ciudadana, y la prueba al canto, tenemos un buen documento que reposa en alguna gaveta, ensalmado de sendas capas de polvo, esperando algún redentor que le dé vida, empezando por darlo a conocer a la población panameña.
Ojalá el próximo gobierno, entre sus variadas y múltiples tareas, considere darle al país una nueva Constitución y se arme de voluntad política para que tempranamente se convoque una Asamblea Constituyente Paralela, de tal suerte que esos sesenta (60) panameños elegidos por el voto popular le den al pueblo panameño nuevos albores constitucionales al país.
