Por una política gerontológica en Panamá
Octubre es el mes de la persona de edad, según las Naciones Unidas (resolución adoptada por la Asamblea General el 14 de diciembre de 1990). Desde 1982, preocupada por el inminente envejecimiento demográfico, se realizó en Viena la primera Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y, posteriormente en Madrid, la segunda en el 2002. Ambas reuniones tenían como fundamento protocolar no solo la difusión y socialización de la problemática del envejecimiento, sino también la adopción de medidas inmediatas, por parte de los países invitados para prever en sus sociedades este fenómeno, y crear políticas sociales que generaran planes, programas y servicios gerontológicos específicos, los cuales pudieran incidir en el bienestar social y económico (en términos de pensiones y subsidios financieros), que crearían las bases institucionales para evitar que este cambio poblacional afectara otros aspectos socio-estructurales.
No obstante a estas medidas internacionales, en los últimos años en el Istmo no se han realizado mayores esfuerzos, salvo por el programa de 100 a los 70 en el 2010, lo que nos dibuja un escenario incierto, no solo para las personas adultas mayores, sino para toda la sociedad panameña.
PANAMÁ HA PASADO DE UNA ETAPA DE ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL MODERADA A UNA DE CARÁCTER MÁS AVANZADO; LO QUE NOS SITÚA, DEMOGRÁFICAMENTE CASI A LA PAR DE OTROS PAÍSES COMO COSTA RICA, CHILE, URUGUAY, ARGENTINA Y CUBA; CON LA SOLA DIFERENCIA DE QUE ESTAS SOCIEDADES SÍ CUENTAN CON UNA POLÍTICA GERONTOLÓGICA INTEGRAL.
Así, aunque para algunos desentendidos, el envejecimiento poblacional en Panamá no es más que una etapa demográfica; los especialistas coinciden que es la primera vez en la historia de la humanidad que se da este fenómeno poblacional, lo que implica que nuestras sociedades contemporáneas y, en especial, las latinoamericanas, que se encuentran en vías de desarrollo, no se encuentran preparadas para el cambio demográfico ni institucional que este fenómeno demográfico exigirá en las próximas décadas.
Ahora bien, lejos de adoptar una medida estatal que lleve irremediablemente a la constitución de una política gerontológica, Panamá ha obviado esta necesidad impostergable, lo que se evidencia en la desidia con que trata los asuntos relacionados con la vejez y con esta población en particular, muchas veces relegando, directa e indirectamente a estos últimos a una posición de ciudadanos de segunda y tercera categoría, lo que en algunas ocasiones los ha obligado a realizar protestas, como fue el caso de las demandas de alza en las pensiones de jubilación por parte de los jubilados y pensionados.
Así, este lamentable proceder institucional, no solo ha obviado las necesidades de este grupo etario, en términos de derechos sociales, sino la misma evidencia demográfica generada por el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el cual refleja no solo que Panamá ha pasado de una etapa de envejecimiento poblacional moderada a una de carácter más avanzado; lo que nos sitúa demográficamente hablando, casi a la par de otros países de la región latinoamericana, como son los casos de Costa Rica, Chile, Uruguay, Argentina y Cuba, con la sola diferencia de que estas sociedades sí cuentan con una política gerontológica integral, que garantiza el bienestar social de su población envejecida.
De esta forma, una política gerontológica debe implicar no solo aspectos institucionales y operativos en cuanto a planes, programas y servicios para esta población, sino mediar en aspectos capitales como el cuido de las personas adultas mayores, ya que cada vez hay más hogares panameños con una estructura familiar extensa, en donde existe algún anciano en condiciones de discapacidad o de dependencia médica, socioeconómica o emocional, lo que debe llevar a contemplar programas de subsidio para estas familias que velen por la incorporación de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida social. Esto implicaría edificar plataformas educativas, participativas y recreativas para este grupo, además de espacios de interacción social como centros de asistencia. También, debe intervenir en la discriminación y estigmatización del viejo en la vida cotidiana, por medio de la divulgación informativa sobre los nuevos roles sociales que vienen con la edad. Por último, debe proteger a los ancianos contra el maltrato y la indigencia.
Aboguemos por un mejor presente para nuestros ancianos, mediante la creación de una política gerontológica integral, la que nos garantizaría un mejor mañana para todos los panameños.
