Presiones
Las denuncias de presiones sobre fiscales y jueces para que actúen fuera de la ley; las arbitrariedades en las medidas cautelares y los maltratos de empleados del Sistema Penitenciario están mermando día a día los fundamentos del Estado de derecho. Los ciudadanos que formaron parte del gobierno anterior, imputados de actos ilícitos, son víctimas de coerciones programadas con fines políticos para que concentren en el expresidente de la República Ricardo Martinelli, las baterías de las represalias.
Sin haber solicitado el levantamiento del fuero electoral de Martinelli, la Corte Suprema decidió admitir querellas, iniciarle investigación y poner en marcha el proceso. La jurisprudencia cimentada en el sobreseimiento en el caso de Martín Torrijos por no habérsele levantado el fuero electoral testimonia el grave error de un proceso contaminado por agentes de origen político, y viciado por sus deliberadas omisiones en el caso Martinelli.
El Ministerio Público dictamina medidas cautelares sobre la base de imputaciones de personas que pretenden el ablandamiento de las penas, presentándose como robots que ejecutaron compras cargadas de sobreprecios por órdenes de Martinelli, carentes de pruebas materiales.
Dictar prisión preventiva por imputaciones unilaterales de comprometidos en ilícitos constituyen las huellas delatadoras de consignas políticas reñidas con el ordenamiento jurídico. Tres imputados se declararon en huelga de hambre por habérseles recluido sin agua ni servicios elementales. Otro imputado vinculado al Órgano Ejecutivo se ha librado de ser encerrado en una mazmorra sofocante y pestilente que viola derechos humanos que protegen hasta los más ruines delincuentes comunes.
Existe un notorio encarnizamiento contra funcionarios del gobierno anterior. La reserva del sumario es ultrajada diariamente. Predomina la presunción de culpabilidad por encima de la presunción de inocencia que, de acuerdo con la Constitución, debe primar sobre los imputados hasta que haya una sentencia en firme de los tribunales de justicia. Los imputados aparecen en los noticieros de la televisión allegada al gobierno, con esposas en las muñecas, empujados por policías, maltratados como si les fuera posible escaparse de los férreos controles que los hostilizan.
Los cambios en el Ministerio Público satisfacen las consignas del desprestigio de los dirigentes de Cambio Democrático. Los detractores no explican a la audiencia que el Ministerio Público es un organismo auxiliar de la administración de justicia, cuya misión es recopilar informaciones sobre hechos delictivos.
Las sentencias corresponden al Órgano Judicial conforme a lo que prescriben los códigos Penal, Judicial y el Procesal Penal. Sin embargo, a percepción de la opinión pública es que ya se han dictado penas severas por haberse comprobado plenamente su culpabilidad.
El oscurecimiento del panorama jurídico ratifica las persecuciones políticas desatadas con base en presunciones antagónicas a la Constitución. Se ha creado un clima mediático que aterroriza a los que prestaron servicios en el gobierno anterior. Se aliena a los televidentes con medias verdades que se repiten hasta el hastío para que se acepten como medias verdades. Bajo esta escalofriante atmósfera han desaparecido las garantías constitucionales.
