Pretender el poder mediante la violencia
En las últimas semanas, la ciudadanía panameña a nivel nacional se ha visto sometida a los efectos de la situación caótica provocada por una serie organizada de protestas de diversas índoles, realizadas por grupos disímiles en sus características y propósitos reales, algunos no divulgados abiertamente.
Entre los grupos más beligerantes están los indígenas de las comarca Ngäbe-Buglé en Chiriquí, dirigentes sindicales, los transportistas del sector este de Panamá y los grupos de ambientalistas o ecologistas.
Las protestas de los indígenas iniciaron en contra de la Ley 8 que reforma el Código de Minería, y enunciaban explícitamente que no querían la explotación de la mina de cobre en Cerro Colorado, en el oriente de Chiriquí.
Sobre estas bases, las protestas parecían mal enfocadas, ya que, para aquellos que entendemos lo que dice la Ley 8, dicha ley no establece ningún mandato acerca de la explotación de la mina de Cerro Colorado, ni siquiera insinúa inicio de su exploración.
Sin embargo, los indígenas, orientados principalmente por los comentarios de los ambientalistas, parecían aterrorizados por una posible hecatombe catastrófica que les afectaría a causa de la explotación de estos recursos mineros. No obstante, no hay forma técnica de confirmar la exacta probabilidad de ocurrencia de dicha catástrofe.
Sin embargo, luego que el gobierno aceptara mediante Decreto Ejecutivo acceder a la petición de los indígenas para no explotar Cerro Colorado, las protestas se multiplican y arrecian en su nivel de violencia, observándose en varias de estas protestas la activa participación de grupos no indígenas y hasta algunos elementos no nacionales.
Al parecer el propósito de las protestas cambio y se convirtió en un afán de mantener el caos y la violencia, utilizando el mecanismo del cierre de calles, para lo cual los indígenas eran los principales actores.
Para los que podemos entender un poco estos asuntos, tanto de corte técnico, económico y político, concluimos que el más reciente propósito de estas protestas, consiste en pretender alcanzar el poder político mediante la violencia y el caos, tratando de desestabilizar el país en sus estructuras políticas y económicas.
De ocurrir esto, se provocaría un serio daño a un país que esta en una etapa de franco desarrollo y se perfila como candidato a llegar a los niveles del primer mundo. Esto nos pone a cavilar sobre ¿si podemos darnos el lujo de permitir que grupos minoritarios, que utilizan nuestros indígenas como punta de lanza, logren alcanzar tales propósitos? ¡Claro que no!
