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Problema de todos


Las protestas que han surgido espontáneamente en diferentes puntos del país por el impacto en el costo de la vida que ha generado el aumento desproporcionado del combustible, deben ser tomadas como una campanada de alerta de lo que podría pasar si la situación empeora.

La población resiente el incremento en el precio del combustible de muchas maneras, no solo cuando llega a las estaciones de gasolina. Es una cadena que abarca prácticamente todas las esferas de la economía.

Y el Estado panameño no se queda atrás, está en una situación embarazosa frente a este tema, porque cualquier medida que implemente para enfrentar la escalada alcista representará necesariamente sacrificios de tipo económico.

La sociedad panameña es altamente subsidiada, el Estado destina anualmente 796 millones de dólares en diferentes rubros y el alza del combustible ha generado una presión por parte del sector transportista y de los usuarios para que el monto se incremente.

El Gobierno maneja dos fórmulas: reducir el impuesto sobre el combustible, que genera unos 176 millones de dólares al año, o recortar los programas sociales más emblemáticos, como “100 a los 70” y la beca universal.

Por donde se mire, resulta difícil. Es muy posible que el galón de gasolina rebase pronto los cinco dólares y haya que adoptar alguna de estas medidas, o ambas.

Panamá como país que no produce petróleo está condenado a sufrir por las abruptas variaciones del precio del combustible, y lo limitado de nuestras finanzas públicas nos obliga, de una u otra forma, a hacer sacrificios.

La sociedad panameña debe ver esta situación como un problema nacional que debe ser enfrentado por todos: autoridades y pueblo.

No podemos encasillarnos en una mera reducción de impuestos o recortes en programas sociales, hay otras medidas que debemos tomar los contribuyentes y que implica bajar el consumo eléctrico y moderar nuestros gastos. Cualquier granito de arena que aportemos servirá para sobrellevar de la mejor forma esta crisis.