Procesos: Un juez y el juez

Los jueces deben condenar o absolver, siempre acatando una regla: que reine, sin dubitación alguna, sin vestigio mínimo de incertidumbre, la prueba de la absolución o de la inocencia o de la responsabilidad penal en el proceso en el que intervienen.

Viejos tratadistas, para mí, los autores de todos los tiempos: Carnelutti, Carrara, Ranieri, Cuello Calón, Maggiore, Fontán Balestra, Pérez Herrera, etc., para mencionar unos sin defecto de otros, se ocuparon de este tema. Todos convergían en la sola idea de que, ante un mínimo de duda respecto a la inocencia del acusado, convenía mejor optar por la absolución o el veredicto de inocencia. Y es que no puede ser de otra manera. La ciencia penal de los tiempos actuales no es sino el fruto de las mismas injusticias que durante siglos cobijó un derecho penal de autor cuyas notas primordiales destacaban la arbitrariedad, lo absurdo y lo irracional. No valían ni sonaban principios referidos al estado de inocencia, la plena prueba de la culpa, el debido proceso, la prevalencia de los convenios y tratados en materia de derechos humanos. En fin.

El Derecho Penal de la posmodernidad es un derecho de racionalidad plena, de culpabilidad y de responsabilidad sujetos al Estado de derecho en donde priman, salta a la vista, los cánones constitucionales como normas que deben vivenciarse en todo momento y frente a todo proceso. El Derecho Penal de actualidad hace lectura y para obligatoria en la humanidad y en la dignidad del hombre. No se trata de un derecho que se impone o que recrea su validez en lo absurdo o en la conjetura, en la sospecha o en la malquerencia. Es un derecho que acopla pruebas y normas sustantivas, es decir, las normas propias de los códigos penales que son los que contienen la tipología de los delitos y de las penas.

Por ello, hay que aceptarlo, atrás quedó el juez melindroso, timorato, mojigato, obediente del miedo, que lanzaba sus sentencias o decisiones acatando mandatos cuando no políticos, de otra naturaleza.

Hoy día, el juez se encuentra protegido por la propia Constitución, garantizado en su cargo por la independencia que esta expone en sus cánones. Por ello, ¡ay del juzgador que dicta sus sentencias por miedo a la reacción social o a la reacción de sus superiores! ¡Ay del juzgador que le teme al poder de los medios de comunicación o que teme ser expuesto o encarado socialmente! Esos no deberían estar de jueces en ninguna parte ni de Panamá ni del mundo.

Los jueces deben respetar el principio del Estado de derecho que es primordial a una democracia que se repute de auténtica y de todo sistema judicial que se jacte de ser transparente e independiente. Los jueces no pueden funcionar con el miedo de bastón o con la soberbia de sombrero. Se requieren jueces que realmente crean, si bien no en la justicia, al menos en el Derecho y los repartos de razonabilidad que el mismo expone. La justicia es cosa de Dios, dicen algunos, nosotros creemos que sí, pero los jueces deben saber y entender que son instrumentos de Dios y que así como ellos juzgan, también serán juzgados. La alta majestad del juez no se aquilata en la toga que se ostenta, sino en la magnitud de sus convicciones y que se expresa a través de sus correctas y legales sentencias.

Un juez que no acata la propia razonabilidad del sistema en el que se inserta será siempre un juez abstraído de la objetividad del Derecho y cuando no, un servil de la mojigatería y del poder ajeno al judicial.

No se puede permitir jueces que, en lugar de la defensa del Derecho, pisotean el alma de la toga y desnudan, más aún a la Dama de la Justicia. Se demandan jueces transparente, verdaderamente independientes, objetivos, racionales, apegados a la vigencia y primacía del Derecho. Jueces con sentido común y no con un común sentido vulgar, despiadado y pueril. La majestad del cargo de ser juez, insistimos, se lleva en la sapiencia de las decisiones, aun cuando ciertos casos o fallos causen la incomodidad social, que a veces no es del todo cierta, sino que se mueven en el medio interés ocultos de terceros o de sectores quienes consideran que siempre tiene la razón, aun cuando no haya mérito ni prueba para ello.

Una cultura de respeto a la judicialidad se impone. Sí. Pero también una judicialidad que se dé a respetar a través de sus legales decisiones o sentencias.