Procurador político
Voceros importantes de la sociedad civil repudian el nombramiento de la nueva procuradora general seleccionada con criterio político. El presidente Juan Carlos Varela se comprometió a que el nombramiento fuera fruto de consenso con la participación activa de la sociedad civil. Incumpliendo una vez más las promesas de la campaña electoral, Varela nombró a la procuradora sin consultar, al parecer, ni a los ministros del gabinete. Se trata de una funcionaria del Consejo de Seguridad, presidido por el presidente de la República, con antecedentes que se remontan a la era de Manuel Antonio Noriega.
El Colegio Nacional de Abogados no titubeó en expresar en forma pública el rechazo de las organizaciones de la sociedad civil por la forma que se ha designado en el cargo a la funcionaria Kenia Porcell Díaz. La independencia política de la Procuraduría es un requisito sine qua nom para el ejercicio de la Procuraduría, tratándose de proceder de un gobierno que ha llegado con sangre en los ojos para perseguir a funcionarios alto, mediano y menores, del anterior gobierno.
Es imprescindible señalar que el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación del delito como parte del debido proceso judicial. Es un organismo parajudicial que no juzga ni mucho menos sentencia, cuyo deber constitucional es recabar pruebas de validez legal en las investigaciones.
La Carta Política estipula que “las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tiene derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales”.
Contra lo prescrito por la Constitución, el Ministerio Público presenta los imputados como si fueran reos sentenciados en firme por el Órgano Judicial, exhibiéndolos con esposas en las muñecas y cadenas en los tobillos, para que tomen nota los diarios y canales progobiernistas. Ha desaparecido la reserva del sumario y los fiscales suministran información unilateral de los cargos, pero no informan de los descargos al periodismo sensacionalista cebado en la cacería de brujas.
En consecuencia, si la nueva procuradora Porcell quiere probar independencia lo primero que debiera hacer es llamarlos al respeto de la presunción de inocencia y no exhibir a los imputados como si fueran reos sentenciados. El discurso de la presentación de Porcell dejó la impresión de que se va a desempeñar bajo la consigna de presumir la culpabilidad. Deberíamos, en otro caso, presumir su independencia política; pero debe dar pruebas de apoliticismo en el ejercicio del cargo.
Asiste razón a la sociedad civil de expresar su discrepancia por este nombramiento cargado de dirigismo gubernamental. La justicia no ampara venganzas de tipo político; ergo, la Procuraduría debe realizar investigaciones encaminadas a la obtención de pruebas para el Órgano Judicial.
La función del Ministerio Público consiste en acusar ante la Corte Suprema a los funcionarios públicos con pruebas convincentes de los delitos.
