Propuesta de un estado moderno
Urge el establecimiento de un Estado moderno, cuya organización y funcionamiento permitan que cumpla sus obligaciones con eficiencia, que garantice el buen uso de los recursos públicos y que sancione, sin contemplaciones de ninguna naturaleza, cualquier forma de corrupción. Urge, pues, la necesidad de mejorar la gestión del Estado, independientemente de quién resulte ser el Presidente electo de la República para el periodo constitucional (2014-2019).
Es deseable que no haya equívocos al respecto, porque en esta coyuntura histórica es demasiado lo que está en juego. Si la necesaria reforma del Estado se viera obstaculizada por recelos sobre su paternidad, el resultado sería la frustración de una línea de trabajo cuyo éxito dependería solo de la responsabilidad y determinación del próximo Gobierno a ser elegido en mayo de 2014.
La propuesta de un Estado moderno deberá adaptar una perspectiva estratégica de renovación del aparato estatal, sobre todo gubernamental, para que la República de Panamá siga avanzando hacia un umbral de desarrollo, pero también para un plan de acción inmediata, que se exprese en iniciativas como la planificación integral de la educación panameña, que acabe con el desorden y la “improvisación” evidenciados en el Ministerio de Educación. De igual manera, se hace necesario elaborar planes con medidas precisas de aplicación inmediata para terminar de una vez por todas el desorden y la “anarquía” en el servicio del transporte público, así como es menester la toma de decisiones firmes para frenar la delincuencia en todas sus manifestaciones, y garantizar la seguridad pública y ciudadana en todo el territorio nacional.
Conviene asimismo, no olvidar los logros sustantivos alcanzados por la actual administración en el aspecto social, y, si es necesario, mejorarlos y profundizarlos en un proceso de continuidad progresivo.
Es decir, el mérito del Gobierno (2009-2014) estará determinado por la medida en que pueda profundizar la visión de que no es posible demorar los cambios que se requieren para elevar la calidad de la gestión pública, y fortalecer la probidad y la transparencia.
La agenda que pueda diseñar la nueva administración del Estado panameño a partir de julio de 2014, debiera ser ambiciosa y realista, partiendo de la base de que su materialización obedece a la demanda de un sólido consenso de la comunidad nacional.
Las verdaderas fuerzas progresistas, identificadas con el empeño histórico a favor de la justicia social, nos han enseñado, aunque con algunas dificultades de aprendizaje de nuestra parte, que no basta con enarbolar la bandera de la igualdad si no se trabaja a la vez la mejor distribución de la riqueza; que los avances sociales siempre tienen un costo financiero; que la ineficiencia administrativa no debe mirarse desaprensivamente; en fin, que la retórica reivindicativa no sirve de nada si no se traduce en planes concretos para mejorar la calidad de vida. ¡Y tener siempre presente que las exigencias son mayores cada día!
Al Estado se le pide hoy una variedad de papeles y roles: debe regular en la medida adecuada para estimular el desarrollo agropecuario productivo y comercial; preocuparse por la reducción de la pobreza y de las inequidades; proteger de modo conveniente a las personas y sus bienes; preocuparse del cuidado del medio ambiente, producir políticas públicas de carácter intersectorial y que den cuenta de las complejidades de los tiempos; debe asegurar el ejercicio de los derechos; debe preocuparse de la cohesión social, de la innovación, de la competitividad, de los problemas emergentes, entre algunas cuestiones más urgentes. Esto no significa desconocer tareas puntuales que son parte integrante de las acciones básica en el ámbito de la educación, la salud, la vivienda y la justicia, entre otras.
Nuestro país necesita -repetimos- un Estado moderno para los nuevos tiempos. Un plan de gobierno serio que se proponga incluir al conjunto de la sociedad, deberá exigir “mejor Estado y mejor mercado” y, por supuesto, sentido de nación para integrarlos. Los candidatos a la Presidencia de la República para el periodo constitucional (2014-2019) deberían prestar especial atención a lo que aquí planteamos, porque corresponderá a uno de ellos, sin duda, tomar la decisión en función de Jefe de Estado.
