Propuesta nefasta
Un diputado ecuatoriano presentó en el seno del Parlamento Latinoamericano una iniciativa para que se convierta en ley incluyente, esto es de cumplimiento obligatorio para los estados miembros, para que los gobiernos aprueben disposiciones violatorias de las libertades de prensa, expresión y pensamiento. No sorprende que un político del clan del presidente Rafael Correa pretenda inmiscuirse en las legislaciones de otros países para cohonestar la yugulación de la libertad de prensa. Los países democráticos debieran declararse en alerta porque esta iniciativa es acuerpada por regímenes chavistas de Argentina, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
En Venezuela se ha hecho trizas la libertad de prensa. Los propietarios del canal Globovisión, la cadena de diarios Capriles, El Universal, se vieron forzados a vender a grupos allegados al Gobierno, mientras los periódicos sobrevivientes hacen frente a la sistemática imposibilidad de importar papel de impresión o son acosados por denuncias procesadas por jueces al servicio del régimen. La última víctima fue El Universal.
En Argentina, el gobierno kirchnerista aprobó una ley de medios dirigida expresamente contra el grupo que edita el diario Clarín, para que no siga destapando flagrantes casos de escándalos en los que están vinculados el vicepresidente de la República y allegados gubernamentales. Se sabe que el mandatario ecuatoriano enjuició a columnistas y hasta caricaturistas de periódicos que critican su estilo autoritario. Los periodistas afectados se han exiliado y otros se han refugiado en la selva amazónica. Del mismo cuero salen las correas.
Voceros de instituciones periodísticas como el Consejo Nacional de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas rechazan la propuesta del diputado ecuatoriano. Los panameños conocemos los efectos siniestros de las leyes de prensa instrumentadas por la dictadura militar para confiscar diarios, radioemisoras y canales de televisión. Los diputados panameños en el Parlatino, particularmente los militantes del PRD, deben pronunciarse y no seguir guardando un silencio nostálgico de la era de la represión antiperiodística.
La libertad de expresión forma parte orgánica de la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, conculcada por los regímenes comunistas de Cuba y los chavistas del sur y el centro del hemisferio. El gobierno de Rafael Correa le ha puesto la puntería a la Relatoría de los Derechos Humanos de la OEA sobre libertad de expresión, que en octubre desempeñará un periodista y abogado uruguayo que releva a otra funcionaria. Ecuador aboga por la desaparición de la Relatoría, con la complicidad de los gobiernos chavistas, conjurados en extinguir la OEA.
Frente al complot antidemocrático en marcha, el gobierno panameñista debe prepararse para asumir la defensa de la libertad de expresión y la vigencia de los derechos humanos. El gobierno de Ricardo Martinelli defendió en la OEA la libertad de pensamiento de la diputada María Cristina Machado bajo amenazas de desafuero parlamentario y de ser autora intelectual de las protestas callejeras desarrolladas en su país.
El gobierno actual tiene el imperativo moral y político de preservar la libertad de prensa tanto en Panamá como en América Latina y, por ende, sopesar cautelosamente sus relaciones diplomáticas. Pero los derechos humanos son la prioridad.
