Protestas a sueldo
Las inmediaciones de la Asamblea Nacional quedaron convertidas en un campo de guerra. Grupos a favor y en contra de las reformas electorales decidieron irse a los golpes y desatar el caos.
Las imágenes son muy claras y no dejan lugar a muchas dudas. Los revoltosos no sabían ni siquiera qué se estaba debatiendo dentro de la Asamblea.
Solo llegaron a ese lugar a fomentar el desorden y a burlarse de las autoridades policiales.
Sus rostros son perfectamente identificables y las autoridades deberían proceder penalmente contra ellos por generar violencia.
Los actores intelectuales de estas protestas, sin importar su afiliación política, deben responder ante la justicia.
La violencia no se justifica de ningún bando, por lo que es lamentable que ocurran estos hechos que le convienen solo a aquellos que necesitan protagonismo.
Es criticable que algunos dirigentes políticos que deberían llamar a la calma y a la tolerancia se dedicaran a generar ese clima de confrontación.
Lo que sucedió ayer no debe volver a ocurrir en Panamá. Nadie puede hablar de democracia y respeto a las leyes si viola todas las reglas.
Las reformas electorales eran un asunto político en el que los partidos actuales tenían sus diferencias marcadas acerca del voto en plancha, las fechas de las primarias, entre otros temas.
Los rostros visibles de las llamadas fuerzas de la sociedad civil son sindicalistas y políticos reconocidos de la sociedad con claros intereses particulares. Estos personajes no pueden decir que representan a la mayoría de los ciudadanos.
Protestar es un derecho de los ciudadanos en los países democráticos, sin embargo, convertir esas protestas en violencia es una falta de respeto al país.
